Freno a cautelares listo para el recinto: se vota en una semana

Segunda visita ayer de Julio Alak y Julián Álvarez, secretario de Justicia, al Senado. Esta vez fue para explicar la regulación de cautelares. Miguel Pichetto siguió defendiendo todas las medidas.

No hubo mayores sorpresas ayer en el plenario de comisiones del Senado donde, otra vez en tiempo récord, se dictaminó a favor del proyecto que regula el otorgamiento de medidas cautelares contra el Estado.

Frente a Julio Alak y Julián Álvarez, y con el kirchnerismo casi en soledad, el espacio para la sorpresa quedó para la salteña Sonia Escudero, única opositora que fue a la reunión de comisión.

Escudero había pedido una modificación al proyecto y finalmente se la concedieron, algo no habitual en el kirchnerismo: "El proyecto planteaba que la medida cautelar que se toma mientras se está agotando la vía administrativa cae automáticamente cuando se agota esa vía, lo cual le deja al administrado sin posibilidad de tener una continuidad en esa medida cautelar", explicó ayer la salteña que en los últimos tiempos aparece más seguido que de costumbre por las convocatorias del oficialismo. "Ahora se van a dar 10 días a partir del conocimiento del agotamiento de la vía administrativa para que se interponga la demanda de fondo y así se pueda mantener la medida cautelar".

También se introdujo un cambio con relación a las competencias de fuero Civil y Contencioso Administrativo: "Cuando hay litigio entre un juez civil y otro contencioso administrativo, la cuestión deben ser resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo porque se trata de la relación entre empresas y el Estado y esto es materia de ese fuero", dijo Pichetto, encargado de defender esas modificaciones aceptadas por la Casa Rosada.

De las tres modificaciones que tuvo el proyecto, la más importante quizás es la que abre una excepción a la limitación de cautelares para las acciones que puedan tener un impacto ambiental, algo que escapa claramente a la regla que se pretende establecer por la que la Justicia no debe habilitar ninguna cautelar contra el Estado que recaiga sobre un daño que luego pueda repararse patrimonialmente.

En el artículo 4 se establece que una vez solicitada la medida cautelar "el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud". Y allí aparece la excepción: "En el caso de daños ambientales, el juez puede tomar medida unilateral sin escuchar al Estado porque es irreparable si se produce un daño".

Pero se aclara que en caso de hacer lugar a la medida cautelar, "el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses" y "en los procesos que tramiten por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo no podrá exceder los tres meses".

Con todos los dictámenes firmados en trámite exprés de dos días, al Senado sólo le queda sancionarlos el próximo jueves, cuando Diputados ya tendrá seguramente los otros tres textos dictaminados.