Frenó ley de medios, ahora a juicio

El camarista federal de Mendoza Luis Miret quedó ayer a un paso del juicio político por presunto «mal desempeño en sus funciones y presunta comisión de delitos» vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar, por decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.

La comisión aprobó ayer un dictamen acusatorio realizado por el representante del Ejecutivo, Héctor Masquelet, y ahora deberá ser evaluado la semana que viene por el plenario del cuerpo. Una decisión que no escapa a la polémica, ya que Miret fue denunciado por organismos de derechos humanos poco después de que fallara a favor de la suspensión de la nueva ley de medios.

El juez es uno de los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza que confirmó la medida cautelar dictada para suspender de manera provisoria toda la ley de radiodifusión. Esta decisión del tribunal de alzada fue luego revocada por la Corte Suprema de Justicia, que argumentó el diputado cobista de Mendoza Enrique Thomas no tenía legitimidad para iniciar una acción de amparo contra la normativa, en tanto representante del Poder Legislativo, entre otros fundamentos.

El camarista mendocino protagonizó en el verano una fuerte pelea con el Gobierno, en la que se acusaron mutuamente de supuestas presiones para que votara en contra de confirmar la medida cautelar contra esta ley.

Miret está acusado de supuestamente haber tolerado la aplicación de tormentos a detenidos políticos, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, e incluso una vez instalado el Gobierno militar en el poder. La denuncia fue presentada por Luz Casenave, quien testificó que su hija, de 16 años de edad, fue secuestrada en Mendoza, violada en un centro clandestino de detención y luego alojada en un instituto de menores, en lugar de ser restituida a sus padres, y todo con la presunta anuencia del ahora camarista. En caso de que el plenario del Consejo ratifique el dictamen acusatorio, Miret será suspendido en su cargo y sometido a juicio político en un plazo que no puede exceder los seis meses.

El dictamen acusatorio contra Miret fue votado por los senadores Nicolás Fernández (Frente para la Victoria) y Ernesto Sanz (UCR); los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti (FPV); los jueces Luis Bunge Campos y Luis María Cabral; y los abogados Santiago Montaña y Mariano Candiotti. La Comisión también propuso que los kirchneristas Masquelet y Conti actúen como acusadores en caso de que Miret sea enviado a jury de enjuiciamiento.

La decisión del consejo abre las puertas a un nuevo enfrentamiento con la Justicia, que podría derivar en la apertura de numerosas causas a jueces y funcionarios que ya trabajan en el Poder Judicial durante el último Gobierno militar.