Furia por fallo contra pistolas

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La oposición al oficialismo porteño (que en la Ciudad de Buenos Aires es PRO) ha optado por la vía judicial para confrontar en el distrito, al punto que ayer se conocieron dos instancias en ese sentido.

Un fallo frenó la posibilidad que el Ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Guillermo Montenegro, compre las polémicas pistolas Taser, que producen descargas eléctricas, lo que el funcionario consideró «un disparate» al tiempo que amenazó con una convocatoria vecinal en contra de la decisión y otras medidas que considera atentan contra la gestión macrista.

Si bien aún las pistolas eléctricas no han sido adquiridas, ya el anuncio motivó la denuncia por parte de la ONG Observatorio de Derechos Humanos que provocó una sentencia definitiva que apelará el Gobierno de Mauricio Macri.

Por otra parte, hoy deberá presentarse el jefe de Gobierno en el Tribunal Superior de Justicia para dar explicaciones sobre las acciones realizadas para difundir el proceso de descentralización de la Capital Federal que desembocará, el año próximo, en la primera elección vecinal de juntas titulares de comunas. Pero Macri faltará porque partirá de gira hacia Perú y Santo Domingo.

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, Andrea Danas, avanzó ayer con la prohibición de las Taser, argumentando que su uso viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. La resolución fue en respuesta a un amparo presentado por la ONG en febrero pasado, fundada en «resguardar el principio de legalidad y proteger la integridad física de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires».

La resolución desató la ira del ministro Montenegro, quien sostuvo ayer que «hay una minoría que politiza todas las acciones del Gobierno de Mauricio Macri» y habló de convocar a «una iniciativa popular» para que los vecinos se pronuncien sobre el tema.

«Habrá que pensar en juntar a los vecinos para que la mayoría silenciosa sea la que se exprese. Será una iniciativa popular, será una convocatoria para que cada vecino opine sobre las políticas de seguridad. Que cada vecino diga si quiere o no que construyan una nueva comisaría o si quiere que se aprueben las leyes contra motochorros y trapitos», amenazó Montenegro.

Es que en el área de Seguridad también están descontentos con la tarea legislativa que no logra llevar ni siquiera al recinto los proyectos referidos a endurecer medidas contra los motoqueros, la prohibición de los limpiavidrios que interceptan a los conductores en las calles y la regularización de los informales cuidacoches.

«Según el fallo -explicaron en el Ministerio de Seguridad-, las pistolas modelo Taser X-26 afectarían la integridad de las personas y pueden provocar incluso la muerte».

Montenegro, dijo: «Vamos a apelar para que la Cámara de Apelaciones ponga un poco de cordura ante este tipo de disparates».

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