Garavano presentó Código sin cosa juzgada para corrupción

La reforma al Procesal Penal está en marcha. Menos excarcelaciones y más revisión.

Germán Garavano

El Gobierno nacional apuntó ayer a marcar cuál será su impronta en materia judicial con la presentación de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, cuya modificación reciente fue impulsada por el kirchnerismo. Entre sus ejes relevantes propone dejar abierta la puerta para que no exista la "cosa juzgada" en materia de delitos federales, lo que podrá levantar cuestionamientos en torno a su viabilidad y a los límites del revisionismo penal. Del mismo modo, pretende acotar el margen de las excarcelaciones y garantizar la detención inmediata de quienes hayan sido condenados en juicios orales atada a las sentencias, sin aguardar el recorrido de las apelaciones. Presentado ante el Senado por la cúpula del Ministerio de Justicia, desde el oficialismo se esperanzan con una media sanción antes de que termine el año, y que su implementación por regiones (norte y sur) comience en el último trimestre de 2017.

Bajo el rótulo "ajustes y modificaciones", el proyecto de ley refiere a cambios puntuales -aunque sensibles- de la reforma (hasta ahora no implementada) que Cristina de Kirchner impulsó durante su Gobierno. En palabras del titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, detectaron artículos redactados "en tren de impunidad". Por eso, hicieron énfasis en el artículo 5º, que refiere a que "nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho", y hoy agrega que "no se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado". Esta última oración fue eliminada en la reforma, lo que posibilitaría que no se deba recurrir a figuras como la "cosa juzgada írrita" para reabrir procesos, porque quedaría a consideración de un juez si existen elementos para revisar procesos cerrados. La temporalidad juega un factor clave que, en lo político, podría ser un arma de doble filo: si se aprobara, ese cambio estaría vigente a partir de la sanción de la ley. Pero el apartado refiere a procesos ya realizados, con lo que cualquier interpretación sobre en qué casos aplicarlo impactaría también en casos contra exfuncionarios, donde se posan las miradas desde la política. En sintonía, se podó otro artículo que condensaba los juicios abreviados donde hubiera una confesión y que impedía abrir procesos penales contra quienes hubieran sido mencionados.

El proyecto aspira a ser federal, de la mano con la implementación primero en Salta y Jujuy, y en la zona de influencia de la Cámara de Comodoro Rivadavia, con impacto en Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz. En lo específico también señala técnicas especiales de investigación con el agregado de varias figuras, con lugar especial para las víctimas pero también para los denunciantes. Con el espíritu de recoger inquietudes sobre lo que se discute en términos de opinión pública como inseguridad, se pondrán en discusión nuevamente las figuras de agente encubierto, colaborador eficaz (arrepentido/informante) y la vigilancia electrónica, con monitoreos similares a las escuchas o los seguimientos de inteligencia como la "entrega vigilada" para casos de narcotráfico o contrabando. Los funcionarios de Cambiemos aseguraron que el proyecto tuvo buena recepción por parte de las bancadas PJ, Frente para la Victoria y del massismo, integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso de Seguimiento e Implementación del Código.

En pos de que no sean discrecionales las excarcelaciones, se afinó la regulación sobre los criterios de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, decisivos para la prisión preventiva. Se le agregarán ocultamiento de bienes, evadirse o la reiteración de delitos como agravantes a considerar. En el mismo sentido, se propicia que con una sentencia de un tribunal a una pena de prisión efectiva ya vulnere el principio de inocencia, con lo que las detenciones no deberían aguardar el doble conforme ni las instancias de apelación. Por esto se limitarán los recursos de queja, utilizados, según la visión del Gobierno, para dilatar procesos.

Siempre bajo el sistema acusatorio (investigación a cargo de los fiscales), con preponderancia de la oralidad, el proyecto de ley enmarcado en el Programa Justicia 2020 fue presentado por Garavano junto con el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, al subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, y al director de Política Criminal, Carlos González Guerra, encargados de su redacción.