Gestión personal de Ki-moon, antes de la guerra diplomática

Según un informe de Transparency International (una ONG que lucha contra la corrupción en el mundo), en su capítulo sobre Ghana, el 79% de sus ciudadanos considera el sistema judicial de ese país como corrupto. Además, se habla de la necesidad para los empresarios norteamericanos de pagar «favores» para que se faciliten las transacciones comerciales y los fallos judiciales.

La Argentina esperará unos días a ver si una gestión personal del titular de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, logra la liberación de la fragata. Mientras tanto terminará mañana a la noche de hacer volver al país a la tripulación de la fragata. Hacia el fin de semana, habrá una reunión cumbre en Buenos Aires con la presidente de la Nación y algunos pocos funcionarios, donde Cristina de Kirchner decidirá qué tan lejos llegar en el conflicto con Ghana.
«No descartamos nada», dijo ayer el canciller Héctor Timerman en Nueva York, luego de su reunión con Ban Ki-moon, sobre la embestida que desde la Argentina se hará contra Ghana por el conflicto. En este sentido, se evalúan varias opciones posibles: desde presentaciones ante las cortes internacionales de las Naciones Unidas, específicamente la del Derecho del Mar de Hamburgo, hasta la ruptura de las relaciones bilaterales con el país africano.
Sólo hay una opción formal que ayer quedó descartada, por recomendación de los propios funcionarios de las Naciones Unidas: el caso no será tratado por el Comité de Seguridad del organismo. El dato lo aportó a la delegación argentina el embajador guatemalteco Gert Rosenthal, de buena relación con Timerman y que ocupa la presidencia pro témpore del Comité a su cargo. «No está alterada la seguridad internacional», dijo el diplomático centroamericano, posición admitida desde la Argentina.
El canciller argentino recibió igualmente una opción desde el propio Ki-moon: una gestión personal ante el Gobierno ghanés de John Dramani Mahama. El secretario general de la ONU se comprometió a hablar con el país africano para analizar una salida diplomática al conflicto, lo que obviamente fue aceptado por Timerman. Se le dará poco tiempo a esta opción; no porque se desconfíe de Ki-moon, con muy buen diálogo con Buenos Aires, sino porque cree el Gobierno que la posición de Ghana de avalar lo actuado por el juez Richard Adjei Frimpong no cambiará. Según lo que comentó el equipo argentino ayer en Nueva York, ese juez actuaría bajo los influjos financieros del titular del fondo buitre NML Elliot, Paul Singer, y sólo se movería para empeorar la situación de la tripulación argentina y la seguridad de la nave en el puerto de Tema. Se mencionó que en la negociación que mantuvieron en Accra, la capital ghanesa, el vicecanciller Eduardo Zuain, y el viceministro de Defensa, Alfredo Forti, desde el Gobierno africano se deslizó algún tipo de salida con el mismo método con el que el fondo Elliot habría convencido a Frimpong. Este dato, más la suspensión del suministro de energía a la nave, fue lo que determinó que Cristina de Kirchner tomara la decisión de evacuar la Libertad.
En este panorama, desde Buenos Aires se reunía también material calificatorio sobre el sistema judicial ghanés proveniente de Amnesty International.
Desde las Naciones Unidas igualmente se le recomendó a la delegación argentina prudencia en el trato con Ghana. Se aclaraba ayer que se trata de un Estado dentro de los denominados «serios» en el mapa africano, casi a la par de Sudáfrica. Es desde Ghana, se afirmaba, que llega la ayuda humanitaria y las inversiones en infraestructura a países como Lesotho, Liberia, Togo, Niger, Benin, Mali, Gambia, Costa de Marfil y Ghinea. Se mencionó además que ese país es, junto con Sudáfrica, el principal Estado conductor de la Unión Africana (UA), un ámbito donde desde las Naciones Unidas se negocian los acuerdos de paz y de asistencia social, económica y financiera con esa región.
Timerman aclaró que el conflicto, al menos por ahora, no es con el Gobierno ghanés, sino con el fondo buitre Elliot y sus influencias sobre el sistema judicial africano. Se bajó así algún grado en el nivel de confrontación anterior, donde luego de la gestión Zuain-Forti se responsabilizó también al Gobierno de Mahama de la situación.
Mientras se permite la gestión de Ki-moon y se vuelven a la Argentina los marinos de la Libertad (ver nota aparte), el Gobierno prepara su embestida judicial. En la sede de la Cancillería en Buenos Aires, ya están definidos los dos protocolos internacionales a los que adhirieron la Argentina y Ghana para avanzar judicialmente contra el país africano. Se trata, por orden cronológica, de la Convención de 1926 de Bruselas para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas a la Inmunidad de los Buques de Estado y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En el primer caso, el texto relativo a este caso es el sexto artículo, donde se habla sobre la «inmunidad de los buques de Estado», refiriendo a que esta convención y su protocolo de 1934 «establecen el principio de que los buques de Estado o explotados por él, sus cargamentos y pasajeros, están sometidos a las reclamaciones relativas y a las mismas reglas de responsabilidad», a menos que «estén afectados a un servicio gubernamental o no comercial». Esto implicaría, según la visión argentina, la protección de un buque, su cargamento y su tripulación siempre que se realice una actividad oficial y no comercial.
El segundo protocolo al que recurrirá la Argentina es la Convención de los Derechos del Mar. El artículo 292 del protocolo, referido a la «Pronta Liberación de Buques y sus Tripulaciones», habla de «cuando las autoridades de un Estado hayan retenido un buque»... «la cuestión podrá ser sometida al Tribunal de los Derechos del Mar, al menos que las partes convengan otra cosa».
Ese tribunal está ubicado en Hamburgo, tiene 21 jueces y el referente máximo en Ban Ki-moon. Ese artículo habla además del «status diplomático de las naves oficiales» de los estados, situación que cabría sobre la fragata Libertad. Según la letra de este artículo, las naves de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por la inmunidad soberana y, como tales, libres de embargos.
Los cañones también apuntarán a las acciones de los fondos buitre. Según quedó claro ayer en la presentación ante las Naciones Unidas, no hay opción política de negociar en el tribunal ghanés con el demandante Elliot por cuestiones de decisión del Gobierno argentino. Pero además se aclaró que legalmente sería imposible negociar ninguna salida legal en Ghana, ya que la «ley cerrojo» aprobada por el Congreso lo impide. Esta norma no permite discutir el pago de deuda que no ingresó en el último canje de 2010.
Ayer la propia Presidente referenció desde la Casa de Gobierno a esta situación, confirmando que no habrá negociaciones con el fondo Elliot, al que además se lo considera corrupto desde el affaire Ghana. La hipótesis de máxima del Gobierno argentino es que la fragata quede varada por largo tiempo en el puerto de Tema. Mientras tanto la Cancillería se prepara para un «Botnia II», en referencia a la pastera uruguaya que demandó largas negociaciones en los tribunales de La Haya. Ahora la cuestión cruzará la frontera hacia Alemania.