Gesto: Gobierno liberó fondos para la Corte

Eugenio Zaffaroni

El Gobierno decidió, con prácticamente dos meses de demora, autorizar a la Corte Suprema de Justicia para que reasigne sus partidas y otorgue los aumentos salariales del 10% dispuestos para todo el personal del Poder Judicial. Una táctica silenciosa y comprensible como gesto de campaña, justo cuando el oficialismo vive momentos de tensión con los máximos jueces del país, disputa que el martes tuvo un nuevo episodio luego de que el tribunal, con criterios divergentes, suspendió las elecciones a gobernador en Santiago del Estero. En materia presupuestaria el suspenso pasa a diciembre, mes en el cual está previsto el último aumento salarial del año que podría coincidir con otros fallos de alta sensibilidad política.

La firma de Juan Manuel Abal Medina llegó recién hace diez días. El pasado 17 de octubre la Corte ya había firmado una acordada en la cual otorgaba el segundo incremento del año pero lo hacía con su fondo de ahorros y no con el remanente del Presupuesto anual del Poder Judicial. Estos últimos son fondos millonarios que encuentran su origen en las partidas que se disponen anualmente pero que no llegan a ser ejecutadas. Es la consecuencia de las demoras que causan las pujas políticas en el Consejo de la Magistratura.

Si bien son fondos que controla el Poder Judicial, desde el primer Gobierno de Néstor Kirchner se estableció que la reasignación de los mismos (en este caso con destino a aumentos salariales) debe contar con la firma de Balcarce 50 para evitar el delito de malversación de caudales. La autorización del oficialismo despejó, al menos por algunas semanas, las especulaciones más sombrías en la Corte, aquellas que imaginaban la demora como una táctica para que el tribunal se sometiera a una merma en sus ahorros.

La relación del kirchnerismo con el tribunal es versátil: mientras Abal Medina realizaba gestos de acercamiento y Julio Alak visitaba a Ricardo Lorenzetti para anunciarle la intención de avanzar con la reforma del Código Civil y Comercial en el Congreso, Carlos Zannini apuraba a los ministros por un fallo favorable sobre la ley de medios antes de las elecciones legislativas y el senador Marcelo Fuentes se exaltaba con su muletilla de la necesidad de un tribunal de control constitucional como instancia previa a la Corte.

Idas y vueltas que ayer devinieron en todo tipo de planteos en Balcarce 50 cuando el Gobierno conoció el fallo que inhabilitaba a Gerardo Zamora a ir por una reelección en Santiago del Estero. En la oficina de Zannini, desde donde se supervisan los principales issúes electorales, dominaba la teoría de que la Corte se declararía incompetente para resolver tal como sucedió, esta misma semana, con un planteo del Partido Obrero contra el Gobierno de Formosa por la norma electoral de la provincia que gobierna el kirchnerista Gildo Insfrán.En ese expediente todos los ministros (con excepción de Eugenio Zaffaroni, quien se ausentó) se alinearon en la postura de no darle tratamiento.

Desde el Ministerio de Economía arrimaron ayer, una vez más, la propuesta de directamente suspender la última firma del año, camino que tuvo sus partidarios en diciembre de 2012 cuando los ministros rechazaron los recursos de "per saltum" del kirchnerismo por la ley de medios.

Las próximas semanas serán decisivas y no sólo por el probable fallo de la ley de medios. En la Corte aseguran que a mediados de noviembre el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial ingresará al Congreso. Si se confirma la sospecha de Elena Highton de Nolasco, que imagina un dictamen con 400 modificaciones al proyecto que ella redactó, será el inicio de nuevas hostilidades.