Giro: Santos da aire a las narco FARC para que liberen rehenes

Juan Manuel Santos, en una imagen tomada en una cumbre de países del Pacífico que tuvo lugar en Mérida, México, el domingo pasado. Su Gobierno anticipó que no aceptará liberar a narcoterroristas a cambio de rehenes.

Bogotá - En lo que define un giro aún más pronunciado sobre la política de su antecesor y exaliado Álvaro Uribe, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se comprometió ayer a facilitar las liberaciones unilaterales de secuestrados por la guerrilla «como un gesto de paz», luego de que las FARC anunciaran el martes su intención de dejar en libertad a los policías y militares cautivos, algunos desde hace más de diez años.

«Estoy dispuesto a acordar los términos para la liberación de los once secuestrados, la liberación unilateral, como un gesto de paz en la dirección correcta», afirmó Santos en Bogotá durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional.

No obstante, avisó que, mientras no se traduzca en realidad ese anuncio, su Gobierno seguirá «combatiendo y perseverando» con la fuerza militar. «Si hay voluntad, se dialoga, porque eso es lo que quiere el pueblo colombiano y eso es lo sensato: acabar este conflicto de 47 años; pero necesitamos demostraciones fehacientes que nos puedan convencer», agregó.

Esta postura evidencia una estrategia muy diferente a la implementada por Uribe, quien llevó a cabo una agresiva y eficaz ofensiva contra la guerrilla, a la que logró acorralar en la selva, aunque ello dio lugar a denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Entre otros rubros, Santos también procura diferenciarse de su predecesor en cuanto a la relación con Hugo Chávez y en lo referido a los métodos para combatir el terrorismo. El entorno de Uribe se encuentra procesado, y en algunos casos encarcelado, por los vínculos con los paramilitares, en tanto que otro proceso relevante que afecta a hombres del anterior Ejecutivo es el que juzga el espionaje ilegal contra opositores, jueces, fiscales y periodistas.

Santos se expresó así un día después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieran este anuncio, tras haber asesinado el pasado 26 de noviembre a cuatro rehenes en medio de un operativo militar en la zona donde los tenían prisioneros.

Ese día fueron ejecutados con tiros de gracia los policías Édgar Yesid Duarte, Elkin Hernández y Álvaro Moreno, y el sargento del Ejército José Libio Martínez. Martínez llevaba 14 años secuestrado y se había convertido en el cautivo por grupos armados ilegales más antiguo del mundo.

En su mensaje difundido por internet, las FARC adelantaron que «la lucha por el canje de prisioneros y por la paz de Colombia no se detiene» y que seguirán «explorando todas las vías que puedan conducir a la liberación unilateral de los prisioneros de guerra».

La misiva de la organización narcomarxista iba dirigida a las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz, un grupo liderado por la exsenadora colombiana Piedad Córdoba e integrado, entre otras, por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la esposa del expresidente de Honduras Manuel Zelaya, Xiomara Castro, la mexicana Margarita Zapata y la exdiputada argentina Marcela Bordenave, del sector de Elisa Carrió.

El objetivo de la guerrilla es que se lleve a cabo un intercambio de prisioneros por rebeldes presos, una posibilidad que ya fue rechazada en reiteradas ocasiones por el Gobierno. Los once que prevén entregar a las autoridades forman parte de ese grupo de «canjeables» que en su momento llegaron a integrar la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas. Se estima que son más de cien los rehenes bajo poder de la organización, ninguno civil.

En tanto, en una conferencia de prensa, el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, indicó que los grupos armados creados por exparamilitares se han expandido desde 2010 a gran parte de Colombia y constituyen la mayor amenaza para el Estado y la población.

En Colombia operan al menos siete bandas criminales conformadas en parte por exmiembros de las organizaciones paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en un controvertido proceso de desarme entre 2003 y 2006, informó en abril el Ministerio de Interior. Estos grupos tienen presencia en 17 de los 32 departamentos del país y están integrados por más de 4.000 miembros, de acuerdo con Interior, aunque estimaciones de algunas ONG elevan la cifra a unos 11.000.

Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA, DPA,

y Ámbito Financiero