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Gobernadores piden más plazo por deudas
José Luis Gioja
El reclamo llega en pleno año electoral, un dato que los gobernadores buscan capitalizar en virtud de la necesidad que tendría el Gobierno de mantener la "armonía" en la relación con el interior.
En rigor, según pudo saber este diario, las conversaciones formales con los gobernadores por este tema comenzarán después de las elecciones del 27 de octubre, en sintonía también con la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuesto.
"Una crisis fiscal de las provincias podría lascerar el escenario económico nacional, así que estamos confiados en que la prórroga se produzca antes de fin de año", graficó un influyente ministro de Economía.
En el caso de San Juan, se trata de $ 2.275 millones, entre capital e intereses, que la provincia debería pagar en 203 cuotas mensuales de 13 millones de pesos desde enero de 2014.
Francisco Alcoba, ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de José Luis Gioja, reconoció que las gestiones comenzaron durante la visita del ministro Hernán Lorenzino a la provincia. "Ahí se iniciaron los trámites, que básicamente significan que se comenzó con el lobby, que es una tarea normal dentro de la economía" y contó que "como en aquel momento se notó una gran predisposición para acceder al pedido, se realizaron las presentaciones formales".
Recientemente, Chaco dio el puntapié inicial en la batalla por conseguir más plazo para comenzar a cumplir con los compromisos.
El propio gobernador Jorge Capitanich aseguró, además, que "tenemos pendiente, además de la reestructuración de los vencimientos, la compensación de las acreencias que tienen los gobiernos provinciales", agregó.
En esa oportunidad, Capitanich explicó que la provincia tiene un flujo a compensar de 2012 y 2013 que permitirá amortizar los compromisos que ya fueron reestructurados.
En caso de no lograr el guiño de Nación para refinanciar deudas, las jurisdicciones deberán hacer frente a descuentos periódicos de coparticipación para cancelar la deuda, una medida que reduciría el margen para ofrecer incrementos salariales.
En 2010, el Gobierno firmó con las provincias el Programa de Financiamiento Ordenado, que permitió oxigenar las finanzas de al menos 16 distritos que renegociaron las deudas que mantenían con el Estado central, y cuyo vencimiento opera en diciembre. A cambio, los distritos se comprometieron a dar de baja las demandas ante la Justicia por incumplimientos en pagos de la Casa Rosada.


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