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Gobierno alienta raid de reformas
Julio Alak, Eugenio Zaffaroni
Se había pautado para hoy por la mañana un encuentro de la jueza (que además preside la corriente de jueces de Justicia Legítima) con el titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y los diputados Oscar Albrieu y Diana Conti, cumbre que finalmente terminó suspendida por las últimas novedades de la salud presidencial. Albrieu ya ha presentado en la Cámara el proyecto que defiende Garrigós de Rébori y que encontró en el procesalista Alberto Binder a su principal inspirador.
Por su parte Conti se está transformando en una figura elemental en las nuevas reformas que imagina el Gobierno en el plano judicial dado que ya juega un rol protagónico en las reuniones que tienen lugar por estos días para llevar al reciente el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial.
En el Ministerio de Justicia entienden que este proyecto podría complementarse con la reforma integral del Código Penal que Zaffaroni elaboró en un hermetismo absoluto junto a un grupo de legisladores y con la colaboración del penalista León Arslanian.
No es un movimiento inocente: el proyecto de Binder es visto por diversos sectores de la Justicia como una oportunidad para neutralizar los planes de Ricardo Lorenzetti quien avanza a toda velocidad en la creación de tres comisiones que le permitan a la Corte instrumentar cambios en materia penal que podrían llegar en forma de propuestas tanto al Congreso como al Consejo de la Magistratura. Justamente Garrigós de Rébori, a quien el Gobierno promovió recientemente en el Senado para una Cámara que todavía no existe, está al frente de uno de esos grupos.
Esta jueza exhibe un perfil más bajo que el de la procuradora general Alejandra Gils Carbó (principal referente de Justicia Legítima) pero con los mismos reparos para con la Corte Suprema: pasó de animar largas tertulias jurídicas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales a tildar a los fallos del máximo tribunal como conservadores y criticar las rúbricas de Carmen Argibay. Concepciones muy alineadas con los discursos de algunos integrantes de la galaxia kirchnerista como el senador-consejero de la Magistratura Marcelo Fuentes o el secretario de Justicia Julián Álvarez habituados a describir a la Corte como un terreno de "poderes fácticos".
Semanas atrás los senadores del kirchnerismo avalaron el nombramiento de Garrigós de Rébori en la Casación Penal Ordinaria, una instancia nueva que ni siquiera tiene habilitado el edificio por lo cual ahora la meta es que asuma una de las vacantes en la Casación Penal federal, misión por ahora frustrada por la parálisis del Consejo de la Magistratura.
A diferencia del proyecto de reforma judicial que prácticamente no reunía apoyos en el fuero federal, el sistema acusatorio es particularmente atráctivo para los fiscales quienes se entuciasman con la idea de un panorama similar al de la provincia de Buenos Aires en el sentido de que ellos conducirían las investigaciones.
El proyecto de Albrieu, que también es puntual en la necesidad de acelerar la resolución de los expedientes (impone un tope de dos años) y de oralizar gran parte de los procesos se inserta en la retórica de Justicia Legítima como una contracara del sistema actual, en el cual, según entienden, todo el poder es del juez lo cual sería poco democrático.
De avanzar esta idea en el Congreso, muy difícil antes de fin de año, se esperan fuertes chispazos desde los principales despachos de Comodoro Py, de hecho se ha vuelto habitual la visita de estos jueces a los salones de la Corte.


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