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Gobierno cierra suba del mínimo salarial del 25%
Cristina de Kirchner rodeada ayer en Trabajo, junto con el ministro Carlos Tomada y la viceministra Noemí Rial, por la ya semirreconocida CGT oficial. La rodean Antonio Caló, Gerardo Martínez y Omar Viviani, entre otros.
Cristina de Kirchner, nuevamente, fue la que bendijo personalmente la suba pactada por los representantes empresarios y sindicales. Así, por novena vez consecutiva, el jefe de Estado está presente en el Ministerio de Trabajo luego de haberse firmado el acuerdo para la suba del salario mínimo. Esta vez, a diferencia de los anteriores, Hugo Moyano y sus seguidores estuvieron ausentes. No tuvo problemas el Gobierno en completar las plazas necesarias (16 de parte de los privados y 16 de los gremialistas): las llamadas telefónicas desde el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada entre el jueves de la semana pasada y este lunes definieron el quórum positivo para el Gobierno. Además, y como novedad, la CTA (la oficial de Hugo Yasky) aprobó la propuesta oficial de aumento salarial. Hasta el año pasado, la central había rechazado la propuesta, pero dado quórum.
En la presentación del acuerdo, y en medio de sonrisas y aplausos mutuos y mixtos, Cristina de Kirchner tuvo tres dedicatorias indirectas, pero claras, a Hugo Moyano.
Fue cuando condenó al camionero por no aceptar la invitación recordando cuando como legisladora actuaba en minoría dentro del bloque justicialista, pero «nunca faltaba» porque «no se puede vaciar una institución». Luego se refirió a Moyano al decir que siempre buscó «una CGT unida» porque eso es «lo que les conviene a los empresarios y trabajadores». Finalmente, lanzó un misil al centro de la estrategia moyanista de los últimos años: la embestida sobre afiliados de otros gremios para agrandar el propio. Según Cristina de Kirchner, «no se deben disputar los afiliados de otros sindicatos para agrandar el propio».
En el Ministerio de Trabajo estuvieron ayer, por esa cartera, Carlos Tomada; la viceministra Noemí Rial, y el jefe de Gabinete, Norberto Ciaravino.
Por la Unión Industrial Argentina (UIA) habían sido convocados Daniel Funes de Rioja, Juan Sacco, Guillermo Moretti, Ricardo Güell y Horacio Martínez y, por la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, en tanto por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Alberto Frola, por Coninagro Carlos Gareto y por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Carlos de la Vega. No fue el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. Esta organización se sumó a la CTA rebelde de Pablo Micheli, y marchó al mediodía en la puerta del ministerio reclamando un ingreso mínimo de 5.000 pesos. Según Buzzi, no reconocerá el aumento del 25% porque de lo contrario «sería negrero». Por su parte, Hugo Moyano había exigido un salario mínimo de $ 3.500; y su aliado el judicial Julio Piumato dijo que toda la negociación del Consejo del Salario se trata de una «pantomima» que su sector «no avalará». Hay que recordar que Moyano y Piumato estuvieron presentes como actores principales en las anteriores ocho negociaciones del salario mínimo. Invitados y también ausentes, acompañando al camionero, faltaron Juan Carlos Schmidt (dragados) y Sergio Palazzo (bancarios).
Por la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES) estuvo Jorge Álvarez; por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide; Gregorio Chodos por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Norberto Peruzotti, por el sistema financiero; Héctor Orlando, por la Bolsa de Comercio, y Juan Ciolli, por la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).
Por la CGT ahora ya oficializada para el Gobierno, aunque esperando el reconocimiento del 3 de octubre, Antonio Caló (metalúrgicos), Omar Viviani (taxistas), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Jorge Lobais (textiles), Mario Manrique (SMATA), Horacio Ghilini (docentes privados, SADOP) y Carlos González (UTEDYC). Por la CTA oficial firmaron Hugo Yasky (docentes), Pedro Waisejko (neumáticos) y Claudio Marín (FOETRA).
Como virtual vocero de la CGT oficial, Martínez defendió el aumento juzgándolo de «razonable» y «justo» ya que «todos saben que en el noroeste y el nordeste de la Argentina los trabajadores públicos y muchos rurales ni por aproximación se acercan a esta cifra». Según el titular de la UOCRA, para alcanzar el nuevo mínimo «se tomaron en cuenta como base los acuerdos paritarios de los distintos sectores, como se realiza desde hace ocho años». También dijo que el encuentro del Consejo fue «el prólogo para crear el Consejo de Desarrollo Económico y Social» y señaló que «hay una Argentina diferente, en la que por primera vez los gremios son convocados por el Gobierno a discutir el proyecto nacional».
Sólo una breve polémica calentó algo el ambiente por la mañana. Fue cuando Daniel Funes de Rioja y los sindicalistas Andrés Rodríguez y Hugo Yasky polemizaron sobre el valor que debería tener el salario mínimo. El abogado de los industriales lanzó que los $ 2.900 «no son viables» y que ésta «será la posición de todos los empresarios». Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dijo, prolijamente, «no compartir» la posición de Rioja y aseguró que, de todas formas, «se trata de una negociación entre las partes y nada ha concluido todavía». Yasky ratificó que el sector reclamaría en la plenaria la elevación del mínimo a 2.900 pesos, aunque «es posible discutir alguna corrección». Luego todos ingresaron en el plenario, llegó el número desde la Casa de Gobierno y, atentamente, los presentes firmaron el acta con el alza salarial dispuesta.


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