• COMO OCURRIÓ CON EL AUMENTO DE TARIFAS Podría enfrentarse con un sangrado por goteo en materia judicial, que terminaría como última escala, en cualquiera de todas las posibilidades, en la Corte Suprema de Justicia.
Decreto. Tras levantarse la sesión del jueves pasado en el Congreso, el Gobierno analizó emitir un DNU para imponer la reforma previsional. La idea cuenta con un antecedente y no estaría descartada.
Pese a que el Gobierno aspira hoy a volver a la carga en el Congreso con la aprobación de la reforma previsional, mantiene en alto el martillo apuntado a romper el cristal de emergencia que saltearía obstáculos para sacar adelante la modificación por la vía extraordinaria de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con anunciado veto de Elisa Carrió y oposición de la CGT, la posibilidad de sobrellevar la fallida reforma esquivando la sanción de una ley para la modificación en el cálculo de actualización de haberes jubilatorios continúa latente, tras el tanteo realizado en la misma noche del jueves. El antecedente inmediato para tal determinación remite al Gobierno de la Alianza que mediante el Decreto 926 de 2001 recortó el 13% de las jubilaciones para 533.401 jubilados. Pero la situación actual suma un componente analizado por la mesa jurídica del Gobierno que le daría un mínimo haz de luz de legalidad, pese a la segura impugnación judicial: la Ley de Reparación Histórica contempló el dictado de la Emergencia Previsional por tres años, lo que habilita al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones sin necesidad de pasar por el Congreso. Más allá de que la opción comenzó a desinflarse con el correr de las horas, pero no desapareció del tablero de emergencia que debió montar de apuro el Gobierno.
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La interpretación de los alcances de esa Emergencia ingresa en terreno pantanoso. La modificación del artículo 32 de la Ley N° 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones es prácticamente un cambio en el sistema, algo que está reñido a nivel constitucional por la "no regresividad" que rige los derechos del sistema previsional. El otro análisis en pugna es taxativo ya que refiere a un estado excepcional sobre el que se podrían hacer modificaciones, pero solamente en materia de litigiosidad, es decir, en los juicios por reajustes que están sembrados en los tribunales. Adicionalmente, el DNU no podría contener cambios en materia impositiva, reservados sólo al Poder Legislativo. Paradójico será que una parte de los legisladores que ahora se muestran como férreos opositores a la iniciativa oficial fueron los que prestaron votos para la aprobación de la Reparación Histórica, y le dieron así la llave para que el Gobierno baraje una salida para no mostrarse derrotado.
En reunión urgente de gabinete, la idea del DNU atravesó el análisis de las opciones de Mauricio Macri y sus ministros para avanzar ante el naufragio de la estrategia parlamentaria el mismo jueves. Carrió lo dio de baja por Twitter y la CGT amenazó con paro automático si se efectivizaba. Sin embargo, pocos advirtieron que el primer planteo de inconstitucionalidad sobre la futura ley -y por ende sobre cualquier reforma en el cálculo- ya está presentado en el fuero de la Seguridad Social. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que lidera Juan Grabois -de aceitados vínculos con el papa Francisco, quien también envió guiños para azuzar la oposición al proyecto oficial- interpuso un amparo para suspender la finalmente fallida sesión de la Cámara de Diputados. El planteo quedó abstracto, pero contenía, de manera subsidiaria, la reserva para que en caso de que se diera curso judicial al planteo por un lado, y eventualmente se aprobara una ley con las modificaciones que se van a tratar hoy, se la declare inconstitucional. La Justicia de la Seguridad Social se declaró competente para tratar el caso y "abrió" el amparo. El juez subrogante Fernando Strasser, cuyo pliego está actualmente bajo la lapicera de Macri para convertirse en titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°2, quedó entonces a cargo del primer caso judicial contra la reforma.
De manera indistinta, con sanción legislativa o DNU, la cuestión caerá en los tribunales, para comenzar un derrotero en primera y en segunda instancia. Eso sin contar con intervención que tendrá el fuero Contencioso Administrativo Federal que entrará en una disputa para aglutinar tantos planteos como sean presentados contra la intención oficial. Ya sea emanado del Ejecutivo o el Legislativo, los jueces de Contencioso reclamarán su competencia por ser disposiciones de alguno de esos poderes. El de la Seguridad Social argumentará que es materia estricta de su competencia. Strasser dará el primer paso ya sea para retener, o para esquivar su intervención en el caso.
Con idéntico nivel de improvisación que en los aumentos de la tarifa de gas, el Gobierno podría enfrentarse así con un escenario de sangrado por goteo en materia judicial. La última escala en cualquiera de todos los casos será la Corte Suprema de Justicia. Emisarios de la Casa Rosada dijeron haber vuelto del cuarto piso del Palacio de Tribunales con un aval tácito de uno de sus principales miembros, previo al tratamiento de la modificación en el Congreso. Sólo visitaron una vocalía. Los otros supremos que no habían sido consultados deslizaron que solo cuando analicen el caso que escale a la Corte podrán definir si es o no constitucional, lo que infiere un escenario incierto para el oficialismo más allá del costo político que ya debe afrontar.
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