Gobierno estatiza Ciccone con la deuda de la AFIP

Hernán Lorenzino

El Gobierno, antes de anunciar la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana SA o ex Ciccone Calcográfica, se garantizó un dato económico y político: según los números oficiales, no habrá que pagar un peso por la compañía; e incluso habrá una deuda residual que atender con algunos proveedores. Según los números preliminares realizados en las últimas semanas, y determinantes para que ayer Cristina de Kirchner tomara la decisión de avanzar sobre la empresa, la deuda global superaría los $ 180 millones, cifra que bajo ninguna circunstancia sería menor que el valor de los activos de la imprenta. Incluso, los principales acreedores serían el propio Estado, comenzando por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con la cual la empresa mantiene una deuda vencida, por el incumplimiento de la famosa moratoria polémica confeccionada especialmente en 2008 para la supervivencia de la compañía.

Además, y según aseguraron ayer fuentes oficiales, la futura CVS nacionalizada no ofrecerá servicios a privados y sólo se concentrará en imprimir billetes y títulos públicos: dejará así las actividades en las cuales Ciccone fue históricamente casi monopólica, como confeccionar cheques, pagarés, emisiones de deuda de compañías públicas, patentes de vehículos y hasta cartones de bingos y billetes de loterías. Todos los demandantes de estos productos y servicios deberán buscar nuevos proveedores.

La decisión de avanzar sobre CVS fue tomada ayer a través del Decreto 1.338, en el que se dispone una intervención encabezada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de Moneda, Katya Soledad Daura, mientras el Congreso deberá aprobar una ley con la expropiación. La noticia se conoció en el mismo momento en que Lorenzino y Daura llegaron, con un batallón de funcionarios de los dos organismos, al playón de la compañía, en el Kilómetro 24,5 de la ruta Panamericana, en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Allí los recibió el gerente general de CVS, Máximo Lanusse. Todos circularon durante algo más de una hora y media por las instalaciones, y mantuvieron una reunión privada con los delegados sindicales. A todos se les garantizó la estabilidad laboral y se les indicó que hacia adelante, la intervención es la autoridad de la compañía, actualmente en convocatoria de acreedores. Los funcionarios les garantizaron incluso que en pocos días podrán discutir las nuevas paritarias y actualizaciones salariales, congeladas desde hace algo más de cuatro meses ante la situación de virtual acefalía con que se manejaba la empresa desde el estallido del caso judicial sobre los verdaderos nombres de los dueños.

La intención hacia adelante es que la nueva CVS junto con la Casa de Moneda se dediquen exclusivamente a la emisión de billetes y al abastecimiento del Banco Central de la República Argentina, reduciendo la necesidad de recurrir a proveedores internacionales, especialmente Brasil. Además se aclaró que la totalidad de los bienes pasará a ser parte de los activos de la Sociedad del Estado Casa de Moneda. El valor definitivo de la compañía será determinado por el Tribunal de Tasación.

Ciccone Calcográfica se fundó en 1951, y como sociedad desapareció en 2010. Durante décadas fue la imprenta privada más grande del país y la única que tuvo el monopolio entre los privados para producir documentos oficiales. Durante años fue la encargada de fabricar los DNI, Pasaportes, títulos de deuda pública, chapas patentes y billetes y monedas de curso legal. La mayoría de los contratos de este tipo fueron durante los años de la última dictadura militar y el Gobierno de Carlos Menem. Se recuerda que en 1995, Ciccone imprimió gratuitamente los «Menemtruchos», como aporte a la campaña por la reelección del expresidente.

La empresa comenzó su decadencia luego del fracaso de un intento de joint-venture con el Gobierno chino para imprimir documentos de los ciudadanos de ese país. Para esto invirtió en maquinaria millonaria, que nunca se utilizó al caerse el contrato por ser tramitado y firmado por un funcionario «trucho» del país asiático. A partir de allí, y luego de la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso, la empresa terminó concursada. En 2009, el Gobierno de Cristina de Kirchner le quitó la confección de los pasaportes y DNI, con lo que la compañía ya no fue más viable. El 12 de agosto entró en quiebra por una deuda de $ 239 millones y comenzó luego el escándalo por la investigación sobre si los verdaderos dueños de la compañía son en realidad The Old Fund y Alejandro Vanderbroele.

Anoche, el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de la empresa Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone) ingresó al Senado, una curiosidad ya que hasta el oficialismo esperaba que el ingreso fuera por Diputados.

En los fundamentos se explicó la medida en la necesidad de «mantener la soberanía monetaria», recordando que «la citada empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes imprescindible para la circulación monetaria».

En el proyecto se establece que el precio de la empresa se determinará por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, como corresponde a toda expropiación, pero se fija que «la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada -hasta el monto equivalente si excediera el de la tasación- con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana SA registre ante la AFIP».

El proyecto establece también que la ex Ciccone pasará a formar parte del patrimonio de la Casa de Moneda y que sus empleados también serán transferidos a esa sociedad del Estado.

El proyecto que presentó el Gobierno, salvo cambios en la redacción, es similar al que había anunciado el radical Ricardo Gil Lavedra en mayo. De hecho, la UCR, lejos de oponerse a la estatización, apoya la expropiación, una medida que venía pidiendo dentro de las denuncias que presentó en medio del caso Ciccone. Ayer, el jujeño Gerardo Morales ratificó esa posición: «En principio, en la UCR estamos de acuerdo con la expropiación y el blanqueo de la situación de la empresa responsable de la impresión de billetes de curso legal», dijo.

El Gobierno no quiere perder tiempo: mañana se debatirá en un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que sesionará a las 11.