Gobierno impulsa empleo con obra pública-privada

El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que establece las condiciones para que empresas se asocien con el Estado compartiendo riesgos.

El Senado comenzó el debate de la ley de Participación Pública-Privada (PPP) que el Gobierno quiere incorporar como una modalidad más de la obra pública, entre otras actividades que podrán desarrollar las sociedades entre empresas y el Estado.

Si bien existe un decreto de 2005 que dio marco a los contratos de PPP, el proyecto amplía las condiciones y busca darle jurídicamente más solidez a la mecánica con la idea de impulsar inversiones a crear empleos.

El mecanismo, que se utiliza en distintos países de Latinoamérica, como Chile, Colombia o México, fue presentado ayer por el Gobierno en un plenario de comisiones en el Senado.

"Los contratos de Participación Público-Privada prevén que el privado en asociación con el Estado construya y obtenga la financiación para llevar adelante un proyecto definido con claridad de antemano y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra con una utilidad razonable en plazos largos", propone el mensaje de la iniciativa.

Los contratos, de acuerdo al proyecto presentado en el Congreso, pueden hacerse para distintos tipos de obras y servicios en distintas áreas, como Transporte y Logística, Desarrollo Urbano, Agua, Energía, Comunicaciones, Educación y Salud, Seguridad o Defensa.

Como ejemplo se citó a Chile en la construcción de importantes autopistas en los últimos años. Paraguay, precisamente esta semana está desarrollando su propio debate sobre las alianzas entre públicos y privados.

Ayer, en el Senado, el debate se realizó con la presencia de funcionarios del Gobierno y los representantes del Banco de Desarrollo de América Latina, René Cornejo y uno de los asesores del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente del BID, Gastón Astesiano.

"Este es un proyecto ambicioso, clave para la generación de empleo y para que se materialicen grandes inversiones en infraestructura", consideró Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, y dijo que representa "un fuerte apoyo al sector de la construcción, que es un fuerte dinamizador de la economía".

Horacio Reyser, asesor presidencial en inversión extranjera, explicó que la norma "constituye un instrumento idóneo para lograr que se ejecuten obras de infraestructura y se generen servicios de calidad, en forma transparente, pública y financiadas a largo plazo, a la vez que el Estado mantiene sus prerrogativas".

Cornejo explicó que "el contrato de producción público-privada cambia el foco" porque se pasa "de contratar una obra a contratar la prestación de un servicio" y que "así, en lugar de contratar la construcción de una carretera lo que se contrata es la transitabilidad de la misma".

También intervino el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, diciendo que "en la industria de la construcción la mano de obra no puede ser reemplazada" por lo cual "es una industria que genera política de Estado" y que "como organización sindical debemos cuidar el valor y el control del Estado".

El debate seguirá mañana a la mañana y está previsto que concurra a dar explicaciones a los legisladores el ministro Rogelio Frigerio.