La intervención judicial sobre el gremio de los canillitas (Sivendia), que despertó el repudio generalizado del sindicalismo y agitó la posibilidad de protestas, marcó un límite en la avanzada del Gobierno contra esas organizaciones. Desde la administración de Mauricio Macri le sacaron ayer el cuerpo a la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y avisaron que la labor de los funcionarios designados para reemplazar a Omar Plaini y sus colaboradores será acotada al máximo en el tiempo y sólo destinada a implementar un proceso electoral. Buscaron así descartar una intervención de largo aliento, como la del gremio de los obreros marítimos (SOMU) y desligarse del accionar del magistrado.
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Ayer crecieron las repercusiones por la resolución que apartó del Sivendia a Plaini y a los miembros del hasta la semana pasada Consejo Directivo de la entidad. El propio dirigente anunció que hoy encabezará desde las 15 una asamblea en la puerta del sindicato, en el barrio de San Cristóbal, de la que prometieron participar referentes "de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y otras agrupaciones del sector", le dijo anoche el también diputado nacional a este diario.
Al comunicado del triunvirato de la CGT, difundido este mismo lunes tras el allanamiento ordenado por el juez (junto con un procesamiento y embargo de Plaini, así como intervención de la organización sindical) ayer se sumó el rechazo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un sello clave para la vida interna de los gremios tradicionales por contener a colectiveros, ferroviarios y camioneros, entre otros gremios ligados a esa actividad y determinantes en un eventual paro nacional.
La CATT aprovechó un encuentro que tenía programado para confirmar que le pedirá a la CGT ponerse a la cabeza de una movilización de protesta, tanto por la intervención de Canillitas (y de los tres sindicatos nacionales que hasta ahora corrieron la misma suerte, el SOMU, los empleados de Seguridad de UPSRA y los trabajadores del azúcar de FEIA) como por la resolución contra el derecho a huelga en el transporte público dictaminada por la Legislatura de Córdoba. El sello, que encabeza el portuario Juan Carlos Schmid, a su vez triunviro de la CGT, sugirió definir una marcha entre julio y agosto, poco antes o después de las PASO.
También la Corriente Federal, que tiene entre sus referentes al bancario Sergio Palazzo, emitió ayer un comunicado de solidaridad con Sivendia y denunció la intervención como "un plan antisindical" del Gobierno y "un acto ilegítimo que afecta gravemente la institucionalidad y atenta contra la convivencia democrática".
Desde Trabajo dieron a conocer un texto con los principales argumentos del juez para disponer la intervención -irregularidades en el proceso electoral que desembocó en 2013 en la última reelección de Plaini, y que fue objetado por sus entonces opositores- y en reserva afirmaron no estar políticamente de acuerdo con Martínez de Giorgi. En ese sentido dieron a entender que la labor de esa cartera como ejecutora de la intervención será rápida y sólo para el llamado a nuevas elecciones.
En el Ejecutivo prefieren evitar una escalada de tensión que alentó Macri cuando tildó de mafiosos a sectores sindicales y a abogados laboralistas por los juicios sobre accidentes de trabajo.
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