Gobierno, lejos de usar reservas por un fallo

Cristina de Kirchner, Graciela Camaño

«Es muy difícil que el Gobierno pueda usar las reservas, al menos en lo inmediato», deslizó a este diario uno de los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Federal Administrativo, en referencia a la maraña judicial que generaron los amparos que mantienen suspendido el Decreto de Necesidad y Urgencia del Fondo de Desendeudamiento.

No es casual que hace meses la palabra «laberinto» llene las páginas judiciales de la prensa gráfica: la novela que se inició en el verano con el DNU 2010/09, que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario para pagar vencimientos de la deuda pública con reservas del Banco Central, tuvo su secuela con el nuevo DNU 298/10 de Cristina de Kirchner, con resultados judiciales análogos.

A partir de esta semana, crecieron las expectativas en el oficialismo sobre al posible resolución en la Justicia de un conflicto que el Congreso no logra cerrar, ya que las apelaciones del Gobierno a los fallos que suspendieron el nuevo DNU llegaron al tribunal de alzada. Desde la Cámara aclaran, sin embargo, que por lo menos hasta el miércoles no habrá novedades, debido a los plazos y trámites que impone el proceso.

Tampoco el pronunciamiento de alguna de las dos salas que analizan las medidas cautelares habilitará al Gobierno el uso de las reservas. Como están las cosas, el juego de combinatorias lleva las de perder para el Ejecutivo: sólo si las dos salas hacen lugar a la apelación del Gobierno y dejan caer las cautelares, se podrían usar las reservas del BCRA. Cualquier otra posibilidad las mantendrá bloqueadas.

El candado judicial sobre las reservas se concentra actualmente sobre dos expedientes. Por un lado, el amparo impulsado por la diputada del PJ Disidente, Graciela Camaño, fue elevado a la sala I de la Cámara, integrada por Néstor Buján, Pedro Coviello y Clara Do Pico. Por otro, la demanda del senador radical Gerardo Morales fue a la sala IV, conformada por Jorge Morán (presidente además de toda la Cámara), y los jueces Sergio Fernández y Luis Márquez (designados en la sala IV como subrogantes en diciembre pasado y vapuleados por la oposición por sus supuestas vinculaciones con el oficialismo).

Ambas presentaciones argumentaron que el nuevo DNU era casi una réplica del anterior (derogado por la propia Cristina de Kirchner) y, por lo tanto, demandaron que se extendiera la medida cautelar dictada en enero pasado por la jueza María José Sarmiento y confirmada por la Cámara. Las dos recayeron en el juzgado de Claudia Rodríguez Vidal, quien hizo lugar a los pedidos.

La sala IV tiene además pendiente resolver un recurso de queja presentado por la Procuración del Tesoro, en el que señala que la causa de la UCR es abstracta, debido a que la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado en ese sentido sobre el análisis del DNU 2.010/09, casi inmediatamente después de que Cristina de Kirchner lo derogara.

Al nunca ser acumulados por conexidad, los amparos de la oposición siguieron tramitando de manera separada y eso complica todavía más la situación del Gobierno: con que una de las dos salas ratifique el fallo de Rodríguez Vidal, la suspensión queda en pie. Otra opción sería que la Sala I enviara el expediente a la Sala IV, lo que no ha hecho hasta el momento, ni en su precedente inmediato, cuando tenía a cargo el amparo de Camaño por el DNU 2.010/09.

Lo único que ha cambiado sustancialmente de la situación del verano es que el argumento principal de la oposición para iniciar los amparos ya no existe: el Congreso ya empezó a sesionar, a diferencia de cuando el DNU 2.010/09 fue dictado. Frente a este panorama, y más allá de que alguna de las salas resuelva a favor del Gobierno antes del miércoles que viene, las reservas vuelven a ser un problema del Congreso.