Gobierno no negociará derecho a vender acciones

 El Gobierno defenderá en el Congreso, aun si las negociaciones con la oposición se endurecen, mantener la facultad para que la ANSES pueda vender las acciones de las empresas privadas que el organismo que maneja Emilio Basavilbaso mantiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tras la estatización de las AFJP. Cambiemos quiere negociar este capítulo con los legisladores del massismo, el socialismo y el Bloque Justicialista, dentro del proyecto ómnibus enviado al Legislativo anteayer, y que la semana que viene comenzará a discutirse en Diputados. Incluso, aprobada la ley, la intención del macrismo es que la ANSES, y de manera progresiva, rediseñe el mismo FGS, se reoriente y se transforme en una suerte de "consejo para la sustentabilidad del sistema de reparto".

Este consejo continuaría manejando el dinero de los aportes previsionales, pero con una mirada más "constructiva", según la definición de una fuente oficial, hacia el financiamiento del sistema. "Que deje de ser una caja económica- política y pase a ser un instrumento para los jubilados. Directamente, no compartimos el concepto actual del FGS, incluyendo el sostenimiento de las acciones de las empresas privadas dentro de él", completaba la fuente.

La idea del oficialismo no es vender inmediatamente estas acciones, sino tener el "instrumento" para poder ir haciéndolo progresivamente y sin afectar ni el mercado de capitales argentino, al que por otro lado se lo quiere desarrollar y "popularizar", sino ir percibiendo los momentos del sistema financiero para ir verificando cuál es la mejor oportunidad para comenzar con este tipo de operaciones. Incluso es posible que no haya venta de acciones este año, salvo que el financiamiento de la mejora previsional a los jubilados que se votará en la misma ley lo demande. Fuera de esto, la idea del gobierno es que las operaciones de colocación de las acciones hoy bajo administración del FGS se dejen para "bastante más adelante; para fin de año o ya en 2017", ya que "ahora la prioridad es que el mercado logre financiamiento internacional para proyectos de inversión y que los interesados ingresen en el blanqueo".

El gobierno separa los papeles de las empresas en el Anses en tres grupos: las que están vinculadas a los servicios públicos, las que tienen un porcentaje importante cotizando en la bolsa de comercio y las que están vinculadas a uno o varios propietarios determinados y con un nivel de exposición de cotización pública bajo. Las que primero se evaluaría colocar en el mercado serían estas últimas, ya que serían además las que mayor interés de "recompra" tendrían. En estos casos hay varios privados interesados que ya estarían diseñando su ingeniería financiera para la operación, proyecto que incluso ya fue comunicado al oficialismo. La intención del gobierno es no apurarse, aún luego de votada la ley, y estudiar que el precio obtenido por la colocación de las acciones sea el mayor posible. La Anses debe cuidarse al extremo de este último punto, ya que la ley menciona que se debe cuidar al máximo el patrimonio previsional. Cada operación de venta de los papeles demandará además la intervención de agentes independientes (bancos, calificadoras y observadores privados independientes de las partes), que certifiquen que el precio que el interesado abonará es el justo, o más alto aún.

El mismo criterio se utilizará para las acciones que eventualmente se lancen al mercado de capitales al "mejor postor". En este caso, la clave será que las colocaciones sean espaciadas en el tiempo para que la mayor demanda de compra no haga caer los precios de las acciones ofrecidas. En último tramo están las acciones de las empresas de servicios públicos, sobre las que el estado quiere tener el mayor control operativo posible; en especial para que los mayores accionistas privados concreten las inversiones prometidas vinculadas a los aumentos de tarifas.

La cotización a diciembre de 2015 del total de las acciones hoy bajo administración del FGS es de $ 85.092 millones; pero el gobierno confía en que en un proceso de varios años donde ese dinero se podría triplicar. Entre las empresas con algún porcentaje de acciones dentro del FGS figuran Banco Macro, Telecom, Siderar, Galicia, Molinos, BBVA Francés, Consultatio, Grupo Clarín, Banco Patagonia, Aluar, TGS, Edenor, Petrobras, Gas Natural, Endesa, Cresud, Central Puerto, IRSA, Solvay, Quickfood, Holcim y Mirgor, la empresa de la familia Caputo.