Gobierno prepara proyecto rural

El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha en las próximas semanas el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales, que apunta a mejorar las condiciones de vida de pequeños productores familiares, pueblos indígenas y trabajadores transitorios agropecuarios de todo el país.

La iniciativa, que se desplegará durante un período de cuatro años, contará con un financiamiento cercano a los u$s 60 millones, la mayor parte de los cuales la aportará un crédito del Banco Mundial y el resto el Estado.

El plan dará continuidad a las actividades del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder), lanzado originalmente en 1998 y cuya segunda etapa concluirá en junio, tras beneficiar a más de 62 mil productores.

El Proyecto de Inclusión se dirigirá a la población con mayores índices de vulnerabilidad social o niveles de pobreza en los ámbitos rurales, y marcará una evolución con respecto al Proinder, destacaron fuentes de la cartera agropecuaria.

Mientras la iniciativa pronta a concluir apoyó a los pequeños productores desde sus carencias, tanto sociales como productivas, el nuevo programa «intervendrá a partir de las potencialidades de las poblaciones objetivo».

La finalidad es «lograr su inclusión socioeconómica, como requisito indispensable del desarrollo», para lo cual se privilegiará un tamaño de subproyectos que permita alcanzar un impacto significativo en cada territorio de intervención.

El nuevo proyecto, además, incluirá un componente de apoyo a la actividad productiva, que les permita a los pequeños productores familiares de cierto grado de capitalización establecer alianzas con agentes del mercado.

Según los datos de la cartera agropecuaria, existen en el país unos 219 mil pequeños productores familiares, de los cuales más de 170 mil aparecen como los más vulnerables, ya que «tienen comprometida su reproducción social simple y ampliada». Estos productores suman más de la mitad de las explotaciones agropecuarias del país, pero trabajan sobre sólo 12 millones de los 175 millones de hectáreas hoy en régimen productivo.

Luego se contabilizan casi 490 mil trabajadores transitorios agropecuarios, sobre un millón de peones rurales, y 603 mil integrantes de pueblos originarios. La ejecución técnica del Proyecto de Inclusión estará a cargo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. A través del Fondo de Desarrollo Rural previsto en el proyecto, se financiarán inversiones productivas y sociales con sumas de u$s 5 mil por familia, hasta un máximo de u$s 150 mil por cada subproyecto.

De este modo, se espera contribuir a incrementar la seguridad alimentaria y los ingresos de la población beneficiaria, a la vez que se mejorará la inserción de sus productos y servicios en los mercados respectivos.

En cuanto a las alianzas productivas, el financiamiento manejado por el grupo de productores podrá destinarse a la compra de bienes e insumos, construcción de obras menores y contratación de asistentes técnicos. Los tipos de alianzas previstos para financiamiento son tres: de producción primaria (desde la siembra hasta el acopio y la venta), de productos procesados (para mejorar la elaboración artesanal de alimentos), y no agropecuarias (para el acceso a bienes o servicios, incluido el crédito, en el medio rural).