Gobierno refinancia si las provincias abandonan juicios

Joaquín Da Rocha

El Gobierno busca que las provincias que mantienen deudas con el Estado nacional desistan de los numerosos planteos judiciales que cada una ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia por compromisos impagos de la Nación.

Semanas atrás, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, le pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que el máximo tribunal dejara de avanzar sobre este tipo de planteos, para así dar tiempo al Gobierno de negociar con las provincias sobre estas demandas. Muchas de ellas, por ejemplo, están vinculadas a exigencias en torno a una mayor tajada de coparticipación o a fondos adeudados por la ANSES.

Cuando el Estado nacional incumple con el envío de partidas o con alguna otra disposición con las provincias, el máximo tribunal es el encargado de dirimir estas cuestiones, ya que estas últimas acuden directamente a la Corte por competencia originaria. Por eso, el procurador recurrió al presidente del cuerpo.

Un pedido que tiene resonancia práctica y de impacto político: los conflictos judiciales entre la Nación y las provincias han ganado bastante visibilidad desde que la Corte implementó el sistema de audiencias públicas para que las partes fundamenten sus argumentos. La pretensión del máximo tribunal es dar mayor transparencia a este tipo de procesos, así como mejorar el contacto con la sociedad y ayudar a que se entiendan mejor estos planteos. Pero esta visibilidad también le da una relevancia pública a un tema que antes circulaba con más bajo perfil por los pasillos de la Corte, y las oficinas de los gobiernos provinciales y la Nación.

La estrategia de «desjudicialización» del Gobierno con las provincias surgió como posibilidad con la promulgación del Decreto 660/2010 de mediados de mayo pasado, que creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. La medida fue firmada por Cristina de Kirchner, luego de una ronda de negociaciones con todos los gobernadores provinciales que, entre otras cuestiones, plantearon una situación de ahogo financiero en sus territorios y la imposibilidad de pagar sus deudas con el Estado nacional.

Frente a esta situación, el Ejecutivo resolvió renegociar estas deudas a 20 años y con un período de gracia hasta diciembre de 2011 -días después de las próximas elecciones presidenciales- con todas las provincias que «manifestaran su intención de ingresar al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas».

Lo que no se supo en su momento fue que ingresar a este programa implicaba también para las provincias prestar conformidad para abandonar sus litigios contra el Estado nacional. A estas negociaciones se dedican en este momento funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, principales responsables del programa de desendeudamiento, negociando con los abogados de cada provincia cuáles son los términos de los convenios bilaterales que la Nación firmará con cada uno de ellos.

El decreto presidencial que perdonó las deudas de las provincias con la Nación podría tener así un rédito propio, al hacer caer algunas de las numerosas demandas contra el Estado que hoy agobian a los abogados de la Procuración.

La estrategia, sin embargo, sólo sirve en el caso de las provincias deudoras. Sólo 17 gobernadores suscribieron al programa -incluyendo los de las provincias más importantes del país como Buenos Aires y Córdoba-, pero el Ejecutivo no tiene forma para hacer que los territorios que no le deben nada desistan de sus planteos.

Uno de los mejores ejemplos en este punto es San Luis, gobernada por el opositor Alberto Rodríguez Saá y que ya casi califica como «especialista» en planteos contra el Estado ante la Corte, de la mano de uno de sus ex integrantes y actual abogado de la provincia, el constitucionalista Rodolfo Barra. Hace dos semanas, el máximo tribunal hizo lugar a dos demandas de San Luis por competencia originaria, si bien indicó que el planteo no podía ser por vía de la acción de amparo, sino que tenía que ser un proceso ordinario (que lleva más tiempo). Estos dos casos se referían nada menos que a la impugnación de la nueva ley de medios y a la distribución de los fondos provenientes de la coparticipación federal, dos de los temas más conflictivos para el kirchnerismo.