8 de noviembre 2013 - 00:00

Gobierno ya promueve jury a juez Rafecas en Magistratura

Daniel Rafecas, Oscar Aguad
Daniel Rafecas, Oscar Aguad
El Consejo de la Magistratura volvió al ruedo ayer por primera vez tras las elecciones con un plenario que volvió a expresar las divisiones que dominan el cuerpo colegiado. Los asuntos más álgidos pasaron por fuera de la mesa de debate: se esbozaron los primeros pasos de un acuerdo entre oficialistas y radicales para llevar al juez federal Daniel Rafecas hacia un juicio político. Las miradas apuntan ahora a jueces y abogados que tienen un rol clave en cuanto al quórum del plenario que decidirá el destino del juez.

Rafecas se encuentra en una situación impensable hasta hace tres años, cuando era elogiado por los funcionarios más encumbrados del Gobierno y fantaseaba con ser ministro de Justicia, cargo para el cual lo auspiciaba Esteban Righi.

Los mensajes de texto que intercambió con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe cuando instruía la causa Ciccone fueron simplemente el vehículo para que el oficialismo se cobrara revancha por lo que consideraron la verdadera afrenta de Rafecas: el allanamiento al departamento de Amado Boudou que solicitó el fiscal Carlos Rívolo y que él convalidó.

Hace cuatro meses los consejeros del oficialismo barajaron la posibilidad de activar un sumario administrativo pero Marcelo Fuentes (siempre atentó a los deseos de Balcarce 50) prefirió esperar y observar el desempeño de Rafecas, especialmente en el expediente que protagoniza el actual jefe del Ejercito, Cesar Milani por supuesto enriquecimiento ilícito.

Ayer el senador mostró sus cartas e hizo circular, lo más lejos del plenario que pudo, un dictamen para llevar a Rafecas a juicio político. Firmaron ese documento los consejeros Hernán Ordiales, Manuel Urriza, Carlos "Cuto" Moreno y Stella Maris Córdoba. Luego lo leyeron los asesores del senador Mario Cimadevilla y Oscar Aguad, ambos hombres de la UCR. La respuesta fue veloz: acompañaran la decisión pero con sus propios fundamentos que son distintos a los del oficialismo.

La determinación de los opositores, que encuentra su motivación en una vendetta contra el juez que procesó y envió a juicio oral a Fernando De la Rua a partir de un testigo a quien no le creen ni sus letrados, promete ruidos en el radicalismo dado que ciertos dirigentes de la cúpula del partido preferirían defender al juez que investigó al vicepresidente y no castigar al que intercambió, en tono alegre y jolgorioso, mensajes de texto con un abogado sobre hechos que acontecían en un expediente. Dos perspectivas muy distintas para abordar el expediente en cuestión.

Llevar a Rafecas hacia el jury requiere del voto de los 2/3 de los presentes en un plenario. Si hubiera asistencia perfecta harían falta 9 votos pero entre oficialistas y opositores reúnen 8 voluntades. Si los jueces y los abogados del Consejo no modifican su defensa a Rafecas, el único camino sería que alguno de ellos se ausentara para bajar el número requerido. Desde anoche se desarrollan sigilosas gestiones para favorecer esa situación. Un estiletazo en frió: los mensajes entre juez y abogado se conocieron en marzo de 2012.

En cuanto a las conversaciones sobre la mesa del plenario el tema dominante fue la visita de los jueces de la Cámara Civil Claudio Kiper, Juan Carlos Dupuis y Oscar Ámeal. Llevaron a los consejeros relatos inquietantes sobre el cada vez más descontrolado comportamiento del camarista Diego Sánchez, protagonista de un expediente por supuesto mal comportamiento respecto de sus compañeras de Sala a quienes fustiga en los fallos y les envía dibujos de escobas en los documentos oficiales. El último giro de la situación, según narraron los jueces, es que Sánchez ya afecta a toda la Cámara al esconder expedientes que se vuelven inaccesibles. Recordaron que ya solicitaron una intervención enérgica del Consejo en dos ocasiones para lograr que el camarista sea apartado. Hasta el momento sin respuestas contudentes.

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