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Golpe a Pino, un rito de campaña
La Presidente replicó el informe que antes habían difundido la ministra de Seguridad, Nilda Garré; y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, según el cual los episodios ocurridos aquel día en la línea Sarmiento estuvieron previamente «organizados».
El contexto -el anuncio de obras en el Churruca- no invitaba a explorar el tema. Pero la resolución judicial del juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, sobre la existencia de pruebas certifica el montaje para el incendio. Una coincidencia oportuna.
Garré le acercó los datos a la Presidente, quien detalló que según la investigación del magistrado existió una «asociación ilícita» que prueba la intervención de «gente organizada» que participó de la quema de 22 vagones.
En los distintos sucesos, el Gobierno -en particular Aníbal Fernández- apuntó, por separado, o en bloque a sectores de Proyecto Sur, aunque también agregó a la bolsa al Partido Obrero o a Quebracho.
Cristina de Kirchner, se descuenta, no ignoró aquella referencia. Solanas ha tomado casi como un leitmotiv de su desempeño político la denuncia sobre la crisis ferroviaria. Hasta hizo una película sobre el asunto cuyos derechos compró Canal Encuentro, aunque nunca la pasó.
El registro está presente: aquellos desmanes, que ahora la Justicia, prima facie, comprueba organizados, fueron atribuidos al pinismo. La mención del hecho en la previa electoral no es inocente.
Se sabe que Solanas cuerpea, desde muy atrás, por un lugar en el balotaje, pero que el volumen de votos que acumule en el primer turno podría alejar a Daniel Filmus de Mauricio Macri, lo que, a su vez, podría complicar al candidato K en una potencial segunda vuelta.
En concreto, ayer Garré y Schiavi detallaron el informe judicial según el cual esos hechos fueron «cuidadosamente planeados» por lo cual, dictamina el juez, da lugar a la carátula de «asociación ilícita».
Los funcionarios brindaron una conferencia en la que informaron la investigación realizada por el juez Yalj, que ya había procesado a varios detenidos por presunto estrago doloso y por interrupción de medios de transporte terrestre. Ahora intervino su subrogante Mariano Amaduri.
De esta forma, los funcionarios confirmaron que los disturbios que ocasionaron la destrucción de 22 vagones de ferrocarriles -con un perjuicio contra el Estado de 45 millones de pesos- fueron ocasionados deliberadamente por un grupo de personas que actuó en forma concertada para cometer distintos ilícitos en las estaciones de Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers.
«La seria y pormenorizada investigación realizada por el juez permite descifrar un sabotaje a las vías del ferrocarril mediante la sustracción de elementos de fijación para provocar los descarrilamientos que originaron la suspensión del servicio en hora «pico» aquel día», dijo Garré.
El secretario de Transporte aseguró: «Esto fue un atentado contra los usuarios y contra el Estado».
Los funcionarios revelaron también que en la zona en la que se produjo el descarrilamiento fueron identificadas personas en un ómnibus que podrían haber sido responsables del sabotaje a las vías o al menos de la inteligencia requerida para realizarlo.
Además, el informe químico pericial descubrió que los incendios fueron iniciados y avivados con hidrocarburos (nafta o kerosene) por parte de un grupo organizado de personas, entre los que se encontraban los dos detenidos.
«Este tipo de daños no es algo que se pueda realizar con facilidad», señaló Garré.
El fallo judicial expresa que «los hechos de marras han sido cuidadosamente planeados con anterioridad y se arbitraron debidamente los medios necesarios como para iniciar focos ígneos, ya que es sabido que se encuentra totalmente prohibido trasladar en medios masivos de transporte sustancias combustibles».
De esta manera, sigue el fallo, «no puede explicarse en qué forma fue que se encontraron los hidrocarburos en el lugar, dejando solamente latente la posibilidad de que aquéllos fueran estratégicamente colocados».
«Esperamos que este fallo del juez termine acusando y poniendo presos a quienes pensaron este tipo de hechos», dijo Garré.
El dictamen judicial fue emitido hace 48 horas y procesa a los hasta ahora dos únicos detenidos en la causa, Víctor Damián Martínez y Allan Darío Skrobacki.
Además, los funcionarios informaron que, de acuerdo con la investigación judicial, los domicilios aportados por ambos detenidos y su lugar de trabajo «no permiten justificar su presencia en las inmediaciones de las vías, en Liniers y en Ciudadela», a esas horas de la mañana.
