Grave: urde Chávez marco legal para suplantar la democracia y el mercado

Hugo Chávez

Caracas - Venezuela está dando pasos para convertirse en un «Estado Comunal» que sustituya al modelo «neoliberal y burgués», al traspasar poder a organizaciones vecinales que, no obstante, dependerán de los designios del presidente Hugo Chávez.

El Gobierno y la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, afinan un paquete de leyes que consagran desde la propiedad social -que sembró dudas sobre su coexistencia con la propiedad privada- hasta la posibilidad de alterar el ordenamiento político-territorial y la división del trabajo.

Pero analistas advirtieron que si bien es cierto que la idea de «empoderar» al pueblo es válida, las vías para hacerlo podrían terminar subyugándolo a las órdenes del «presidente-comandante» y restándole protagonismo político.

Chávez logró concentrar cada vez más poder en sus 11 años de «revolución», incrementó la presencia del Estado en la economía y desde hace meses impulsa cambios legislativos para asentar su llamado «Socialismo del siglo XXI», un proyecto de lineamientos borrosos, según analistas.

«Estamos tratando de cambiar la estructura del Estado burgués, neoliberal, burocrático que desconoce las necesidades de las mayorías», indicó recientemente la ministra para las Comunas, Isis Ochoa. La funcionaria admitió que la «revolución socialista» busca cambiar el sistema político para ceder la gestión de lo público al pueblo organizado. «Transferir todas las competencias de transformción de la realidad», puntualizó.

Pero voceros oficialistas entraron en contradicción al tratar de explicar si el Estado comunal acabará con el poder descentralizado de alcaldías y gobernaciones, así como de las instituciones vigentes.

Observadores afirman que los cambios que haría la Asamblea a través de las leyes comunales son ilegales porque alteran la Constitución. Pero ven difícil que el Tribunal Supremo los detenga, ya que sus decisiones suelen favorecer al Gobierno.

Supervisión

Chávez afirma que el poder reside en el pueblo organizado y, por ese motivo, años atrás estimuló la creación de los «consejos comunales», organizaciones vecinales que no sólo atienden las necesidades de sus zonas, sino que ganaron roles supervisores en áreas de educación, economía y judicial.

La ministra Ochoa aseguró que hay más de 30.000 consejos comunales legalizados y que ellos pueden reunirse en «comunas», que tendrían asesoría del Ejecutivo para designar voceros, redactar una carta comunal y organizar un parlamento.

Según el proyecto de ley orgánica de Participación y Poder Popular, las «organizaciones comunales» pueden actuar por encima de las instituciones sin que se limiten sus decisiones. Las comunas tendrían una justicia de arbitraje, un banco, mercados de trueque y una moneda comunal regida por el Banco Central. Además, coordinarían la «vocación productiva» de su territorio con el Consejo Federal de Gobierno, una entidad creada este año y liderada por la vicepresidencia.

Ya ese cuerpo tiene la facultad de dictaminar lo que produce cada área del territorio nacional, poder que sectores denunciaron como una intervención abusiva del Estado en actividades propias del sector privado.

La oposición advirtió sobre los riesgos de cambiar la división político-territorial del país, argumentando que las comunas tendrían un financiamiento discrecional del Gobierno y las gobernaciones y alcaldías estarían obligadas a cederles parte de sus presupuestos.

«Éste es el primer paso para destruir el sistema democrático federal establecido en la Constitución. Es el primer paso serio de Venezuela, desde el punto de vista institucional y legal, hacia el comunismo», afirmó el alcalde del municipio capitalino Chacao, Emilio Graterón.

En Venezuela, gobernadores y alcaldes son elegidos por sufragio universal y directo, mientras que las organizaciones comunales propuestas en las nuevas leyes se nombran en asambleas de ciudadanos y Chávez regiría sus destinos.

Agencia Reuters