Grave: zona liberada por puja política

El saldo de una puja más entre Mauricio Macri y el Gobierno kirchnerista estará consolidado con el correr de la semana -cuando se tengan estadísticas certeras del delito en la Capital Federal-, pero, como adelanto, los porteños han quedado más desprotegidos en puntos de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires. La confrontación verbal ha mostrado que el Gobierno porteño no pagó en todo el año servicios adicionales que contrata a la Policía Federal y que ésta lo castigó retirando un buen porcentaje de efectivos de los lugares donde estaban destinados.

El problema para el macrismo, ahora que quisiera prescindir de toda la ayuda de la Federal en lugares donde pagaba adicionales (o los debe), es que las agencias de seguridad privada no están autorizadas, por ejemplo, a desplazarse en espacios públicos, como parques o la Reserva Ecológica, que es parte del lote que quedó sin custodia por la pelea económica, y tampoco a portar armas. También la Ciudad venía contratando los servicios de la Federal para custodiar paradores de indigentes, clubes de barrio en zonas conflictivas, hospitales y los centros de salud barriales que se encuentran en villas de emergencia o en cercanías de esos asentamientos. El parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, el Roca, una parte del parque 3 de Febrero (Palermo), donde está el Campo de Golf y hay recaudación de dinero, son algunos de los «objetivos» que, sin Policía, se transforman en una zona liberada para el delito y fueron blanco de la protesta. También la Federal se ocupa de la seguridad en hospitales, casi imprescindible cuando acuden, por ejemplo, heridos de bala.

La historia de por qué la Ciudad paga por el cuidado de lugares públicos cuando la seguridad porteña ha estado siempre a cargo del Gobierno nacional (al punto de existir la llamada ley Cafiero que impedía que el distrito contara con policía, y que Macri logró que se modificara en el Congreso con la pretensión de tener un cuerpo propio de agentes que no ha debutado aún), tiene como antecedente una política de colaboración que se emprendió en tiempos de Aníbal Ibarra. El ex jefe de Gobierno comenzó a destinar una suma anual para «ayudar» a la Policía mientras se producía -creían- el traspaso a la Ciudad que nunca ocurrió. En 2004, incluso, se conformó un cuerpo especial de 500 agentes destinados a la Ciudad de Buenos Aires y pagos por el Gobierno porteño, la Dirección General de Policía Comunitaria, para la que se destina $ 1.600.000 mensuales, pero el Gobierno local no tiene disponibilidad operativa sobre esa dependencia.

«La seguridad es un servicio obligatorio del Estado, que es el que tiene el monopolio de la seguridad. Y en la Ciudad la Policía Federal Argentina es la única fuerza pública que existe. No se pueden retirar efectivos y dejar desprotegidas áreas de la Ciudad. La seguridad, como la educación y la justicia, la tiene que garantizar el Estado», explicó a este diario el viceministro de Seguridad porteño, Matías Molinero.

El funcionario aseguró también que el Gobierno porteño ya cubrió con seguridad privada todos los lugares donde ese tipo de empresas está autorizado a desenvolverse, e intentará que la Federal retome su actividad en los espacios públicos, especialmente los de riesgo. Por el momento, serían 1.000 efectivos menos con los que está dispuesta a contar la Ciudad, de los 1.360 por los que paga módulos de $ 54 por cuatro horas de servicio como adicional a los federales; la seguridad privada tiene, para la administración macrista, un costo más alto, de $ 18 la hora de cada custodio.