Gremios bonaerenses amenazan con quebrar la paz sindical

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Buenos Aires - Los gremios provinciales se declararon en alerta luego de las declaraciones del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, quien descartó que el Gobierno de Daniel Scioli vaya a reabrir la paritaria antes de que finalice 2011 para discutir nuevos aumentos de sueldos estatales y docentes.

El argumento sindical tiene, además, color político. A pocos meses de la elección general en la que Scioli buscará un segundo mandato, la conflictividad amenaza con complicar la paz gremial con la que soñaba el gobernador.

«Es una herramienta de los trabajadores; por lo tanto, no abrir la paritaria es mucho más grave que decir que no hay aumento», bramaron los dirigentes agrupados en ATE y los maestros de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) y UDOCBA. El funcionario aseguró que «no están dadas las condiciones» para la reapertura de las discusiones en el ámbito de las paritarias.

Normas

Miguel Díaz, secretario general de UDOCBA, señaló que «el ministro de Trabajo tiene que acatar las normas y abrir las paritarias», y añadió en declaraciones a Infocielo que «no le corresponde a Cuartango decir que sí o que no; en todo caso serán otros miembros del gabinete».

«Sabemos que el Gobierno de la provincia puede pagar mejores sueldos, y no estos sueldos miserables que estamos cobrando», sentenció el sindicalista.

En consonancia, Baradel, de SUTEBA, sostuvo: «Sí o sí se tienen que abrir las paritarias porque hay muchos temas pendientes, más allá de lo que el ministro diga. Hay que tratar temas como salud laboral, topes de salario familiar, entre otros».

Desde la FEB, su titular, Mirta Petrocini, afirmó que «vamos a reabrir las paritarias porque necesitamos discutir condiciones laborales», y lanzó: «El momento del planteo de suba de salario lo decidimos los trabajadores».

Los distintos gremios docentes mantienen una puja con la administración Scioli por la decisión del Gobierno de pagar desactualizado el «premio jubilatorio». En este contexto, ya anticiparon que recurrirán a la Justicia y no descartan complicar el regreso a las clases, previsto para el lunes 1 de agosto.

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