Guantánamo: juez ordenó secreto sobre torturas

Washington - El juez militar de Guantánamo ordenó que todos los testimonios de los acusados del 11 de septiembre sobre los abusos que sufrieron durante su detención secreta se mantengan como información clasificada y sean debatidos a puerta cerrada, sin la presencia de medios ni del público.

En un fallo con fecha del 6 de diciembre dado a conocer ayer en el sitio en internet de los tribunales militares de excepción, el juez James Pohl aprobó el pedido del Gobierno estadounidense de preservar el carácter secreto de estos testimonios en nombre de la seguridad nacional.

El fallo concierne a todas las informaciones que puedan ser mencionadas en la audiencia sobre «los detalles de la captura de los acusados», los países en los que fueron mantenidos presos en secreto entre 2003 y 2006 para cuatro de ellos, «los nombres, las identidades, las descripciones de las personas implicadas en su captura, su traslado, su detención o sus interrogatorios», «las técnicas de interrogatorio reforzadas» o «la descripción de su lugar de detención».

El juez satisfizo de esta manera el pedido de la Casa Blanca sobre los documentos y testimonios del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jaled Sheij Mohamed, y otros cuatro coacusados, que enfrentan la pena de muerte.

Asimismo resolvió, también a pedido de las autoridades «que se institucionalizara una práctica usada desde hace varios años llamada la regla de los 40 segundos», que impone un tiempo de diferido en la transmisión de los debates, incluso en la sala de audiencia. «Este lapso permite al tribunal evaluar e impedir cualquier publicación intencional o por error de informaciones clasificadas», escribió el juez.

«El tribunal considera que este caso implica información clasificada sobre la seguridad nacional, incluidas informaciones ultrasecretas cuya publicación sería perjudicial para la seguridad nacional», agregó el magistrado.

Un grupo de 14 medios de comunicación y la organización de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se opusieron al retraso, que consideran «injustificado».

ACLU considera que se trata de un pretexto para que el Gobierno «mantenga oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus torturas».

«Estamos profundamente decepcionamos por la decisión del juez militar», lamentó la directora del Programa de Seguridad Nacional de ACLU, Hina Shamsi, quien consideró que el Gobierno «quiere asegurarse de que los estadounidenses nunca escuchen los testimonios de los acusados sobre las torturas ilegales de la CIA». Esta decisión, según Shamsi, «socava la afirmación del Gobierno de que el sistema de comisiones militares es transparente» y «asesta un duro golpe a su legitimidad».

Agencias AFP y EFE