El transporte de micros de larga distancia se convirtió en la última incorporación en el rubro de servicios cruzados por fondos públicos. Bajo esa lógica, los empresarios del sector recibirán este año un mínimo de $ 1.400 millones de pesos en compensaciones y subsidios para pagar los aumentos salariales de los choferes enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
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La paritaria de la UTA avanzó hasta ahora en el segmento de corta distancia, es decir, en las empresas de colectivos urbanos. Como anticipó este diario en exclusiva, el arreglo en un sector del todo subsidiado se pudo concretar a partir de una garantía del área de Transporte de que distribuirá entre los dueños de colectivos un total de $ 4.500 millones durante este año, y cerca de 2.500 millones de pesos durante el primer semestre de 2016.
Ese aporte, sin embargo, no guarda relación con la negociación de la UTA con las 80 empresas de micros de larga distancia, que carecen formalmente de subsidios desde 2012. Ese año dejó de regir el que había sobre el valor del gasoil. La ausencia del Estado en la actividad duró menos de un año: ya en 2013, con una tarifa regulada -como hasta ahora- se hizo ostensible la competencia de Aerolíneas Argentinas con algunas compañías de micros. Tras una amenaza de parte de los dueños de micros de realizar despidos masivos, el Gobierno acudió al rescate con multimillonarias compensaciones.
La distribución de recursos estatales en el sector se concretó a través de tres canales: una compensación de hasta 35 millones de pesos mensuales por la competencia de la línea de bandera (se les abona a las empresas que recorren las mismas rutas y donde la disputa de precios se vuelca a favor del transporte aéreo) , otra de hasta $ 15 millones por mes para cubrir el valor de los pasajes para discapacitados que las compañías deben entregar de forma gratuita, y $ 65 millones más que se dividen por cada chofer como sostén financiero. Este último ítem es una variante de los programas de Recuperación Productiva (Repro) que distribuye el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Ese combo, que totaliza $ 115 millones mensuales desde enero, incluyó el pago extraordinario de $ 1.500 mensuales para cada conductor por la falta de acuerdo paritario en lo que va del año. En el sector calculan que no menos del 16% del valor del salario hoy está cubierto por aportes estatales. Ese punto es el que define la suerte de la UTA en la discusión paritaria. Los choferes cobran en promedio sueldos de bolsillo de 17 mil pesos. La expectativa del gremio es llevar ese monto a no menos de 22 mil pesos. Los dueños de micros alegan que en la medida en que el Gobierno mantiene reguladas las tarifas (semanas atrás autorizó un aumento del 9% que para los empleadores alcanzó apenas para cubrir la suba de un viático para los trabajadores) sólo la aparición de más compensaciones o subsidios podrá destrabar la discusión.
En Transporte le explicaron a este diario que hasta hace pocos días la orden de Presidencia era no realizar más aportes a los empresarios. Esta semana hubo un cambio: se les comunicó a los empleadores que el Estado mantendrá su aporte de $ 115 millones mensuales al menos hasta fin de año. Con ese compromiso la principal cámara patronal, Celadi, ensayó una oferta de aumento del 27% que fue rechazada de inmediato por la UTA y ni siquiera quedó constancia en las actas de la negociación. El Gobierno definirá en los próximos días si cederá a la presión de empresarios y gremialistas.
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