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Humala rompe con los suyos por una mina de oro muy lucrativa
Ollanta Humala
El estado de emergencia, en vigor desde la medianoche de ayer, suspendió durante 60 días las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio de las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá.
Según informó la Policía de la ciudad de Cajamarca, se reanudaron las actividades comerciales, las clases y el tránsito por las rutas, así como los vuelos comerciales, que estuvieron suspendidos durante cinco días.
La ciudad fue tomada por soldados, que fueron autorizados a intervenir en apoyo de la Policía para resguardar los «puntos críticos» vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población.
Durante los días de protesta, miles de campesinos recorrieron las calles de algunas ciudades de Cajamarca, bloquearon sus principales vías de acceso y se registró el desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles, mientras que los comercios y escuelas permanecieron cerrados.
El ministro del Interior, Óscar Valdés, declaró, tras hacer un recorrido por la ciudad, que «la población está reiniciando sus actividades normales». Valdés agregó que «el Gobierno ha hecho uso de una herramienta constitucional, que no debe alarmar a nadie», pues lo que se persigue es que «Cajamarca esté libre de movilizaciones violentistas».
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, explicó que «las Fuerzas Armadas en principio brindarán una colaboración en los lugares estratégicos de la ciudad, como puentes, carreteras y lugares de servicios públicos».
Tras el anuncio del fracaso de las negociaciones el domingo, el presidente Humala aseguró en un mensaje por televisión que las autoridades agotaron todos los caminos para resolver el conflicto, por lo que resolvía declarar el estado de emergencia.
El presidente regional, Gregorio Santos, que apoya la huelga contra el proyecto aurífero Conga, que supuestamente dañaría de manera irreversible las reservas de agua de la zona, criticó la decisión del Ejecutivo y pidió que se revoque.
Durante las protestas se produjeron enfrentamientos entre los huelguistas y la Policía, que dejaron unos 20 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
El proyecto Conga, desarrollado por la minera Yanacocha y suspendido por el conflicto, la primera productora de oro en Sudamérica, contemplaba drenar cuatro lagunas consideradas cabeceras de cuenca. En suma, se procuraba extraer 8,9 millones de onzas de oro en un plazo de 19 años, con una inversión de u$s 4.800 millones.
Pese a que la empresa informó hace unos días de la suspensión de las operaciones del proyecto, los huelguistas exigen al Gobierno su anulación definitiva.
Entre los socios de Yanacocha se encuentran la estadounidense Newmont, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, del grupo del Banco Mundial.
Los accionistas estadounidenses de la empresa consiguieron el control tras una polémica sentencia bajo el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), tras contactar con Vladimiro Montesinos.
Posteriormente, la empresa obtuvo, durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011), un informe positivo sobre daños ambientales.
De cara a la primera vuelta electoral de abril, Humala coincidió con los cajamarquinos en que «el oro no se come», que lo importante es el agua y que las transnacionales trabajan en contra de los intereses nacionales. Sin embargo, el exmilitar viró a posturas promercado para vencer a la populista de derecha Keiko Fujimori.
Agencia EFE


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