Gobierno anuncia descongelamiento (gradual) de ley aprobada a finales de la era K. Ministerio de Justicia avanzó en capacitación. Comodoro Py, sin cambios. Año legislativo agenda reforma en Código Penal y baja en la edad de imputabilidad.
El Gobierno desempolvará el proyecto que cambia el actual paradigma en las investigaciones penales y apuntará a hacer la prueba piloto para comenzar a implementarlo en las provincias de Salta y Corrientes. Con casi dos años de demora, luego de que fuera congelado con el desembarco de Cambiemos en la Casa Rosada, este año, se aspira a instaurar el sistema acusatorio -con la instrucción de los casos delegada en los fiscales- con dos distritos que serán tomados como modelo para su extensión al resto de las jurisdicciones, de manera paulatina. La cuestión será una de las menciones que hará Mauricio Macri cuando presente las iniciativas legislativas el 1 de marzo cuando se habiliten las sesiones ordinarias. Las reformas que prepara el oficialismo para el ámbito judicial se colarán en agenda: Código Procesal Penal, versión "PRO" del Código Penal y un Régimen Penal Juvenil con recomendación al Congreso para la baja en la edad de imputabilidad.
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Vigente en la mayoría de los distritos, el sistema acusatorio que reemplaza el actual "inquisitivo" con todo el poder en manos de los jueces fue una de las últimas iniciativas destinadas a la Justicia que sobrevivió al final del Gobierno de Cristina de Kirchner. Su implementación -que traía aparejada la creación de decenas de cargos de fiscales y de personal en la Procuración General de la Nación- quedó freezada por el macrismo en su pelea con la extitular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó. Mientras tanto, todo el andamiaje para su implementación fue dejado en manos del PJ, puntualmente en el senador Rodolfo Urtubey, cuyo nombre comenzó a sonar como eventual reemplazo. Despejado el camino de un procurador que consideraban hostil tras la renuncia de la funcionaria, el Gobierno se dispone a volver a poner en marcha de una vez su implementación.
En los tribunales federales con asiento en la Capital Federal (léase Comodoro Py) sostienen una frase que resume las facultades de los 12 juzgados federales: "El juez es el rey del proceso". Bajo este régimen, las potestades de los magistrados son absolutas dentro de los expedientes más allá de los dictámenes y requerimientos fiscales. Con el acusatorio, ese poder se invierte y el modelo se asemeja más a un juez que garantiza el debido proceso, administrando los pedidos de la acusación pública en manos de los fiscales que instruyen las investigaciones. Nadie quiere molestar a Comodoro Py con un cambio rotundo por lo que ese nicho quedará sin modificación por los próximos años, quizás relegado al último turno de la implementación. La prueba piloto ya comenzó en Salta y en Corrientes. La Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano ya realizó talleres y jornadas de capacitación para jueces y fiscales. Será el punto de partida que implicará la creación de nuevos cargos en la estructura central.
Para el Gobierno, no está dada la situación ideal todavía: no ha sido propuesto su candidato a procurador sobre el que oscilan entre las aspiraciones del fiscal de Casación, Raúl Pleé o la jugada con algún "tapado" de más bajo perfil, como el actual Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tal como reveló Ámbito Financiero. Tampoco cuenta con una reforma del Ministerio Público, varada en el Congreso en el tironeo por esa candidatura con el peronismo. Sin embargo, el interinato de Eduardo Casal no constituye obstáculo para avanzar con el Código Procesal y un sector del Gobierno ve con buenos ojos que permanezca como jefe de los fiscales mientras tanto.
Desde el oficialismo confían en que la auditoría de casos de corrupción cuyos resultados están siendo tabulados para ser difundidos a fines de marzo colaborará en generar la necesidad de un "cambio" al dejar expuestas las falencias del actual sistema y dará un "empujoncito" más para quebrar resistencias internas.
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