Impone Evo Morales el mayor ajuste fiscal en una década

Con Evo Morales de viaje en Venezuela, fue el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uno de los hombres más influyentes del Gobierno, el encargado de anunciar el aumento de los combustibles, que permitirán un ahorro de u$s 380 millones anuales en concepto de subsidios al consumo.

La Paz - El Gobierno del presidente Evo Morales sorprendió ayer con un impopular decreto que aumenta entre el 57% y el 82% el precio de los combustibles -congelados hace siete años-, decisión que el mayor sindicato de conductores rechazó con el llamado a una huelga general indefinida.

El mayor ajuste económico en una década fue anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera, en funciones de presidente por un viaje de Morales a Venezuela. «Es una nivelación interna de los combustibles a precios internacionales. El Estado subsidia anualmente u$s 380 millones, no queremos que esto continúe, compramos diésel caro y lo vendemos barato», justificó, rodeado de ministros.

Explicó además que el valor de los combustibles bolivianos que se comercializan de forma ilegal en Perú, Brasil, Chile y la Argentina es de al menos u$s 150 millones, un escenario que el vicepresidente calificó como una «vena abierta en los bolivianos que alimenta a los extranjeros».

«Esto es para garantizar nuestro desarrollo productivo y la economía», dijo García al anunciar la normativa, que no afecta a los precios del gas natural que Bolivia exporta a la Argentina y Brasil, ya que éstos están sujetos a contratos.

«Requerimos nivelar los precios para que el productor se sienta exigido e incentivado para producir, así habrá más diésel y gasolina e importaremos menos, y en uno, o dos, o tres años ya no tengamos que importar nada de gasolina o diésel», afirmó el influyente vicepresidente. Asimismo, recordó que el barril de petróleo en el mercado interno costaba desde hace siete años u$s 27, a pesar de que a nivel internacional hoy roza los u$s 90.

La sorpresiva decisión rompió la tranquilidad del fin de semana navideño y provocó caos en mercados populares, donde los precios subieron de inmediato hasta en un 50%, y en estaciones de servicio, que suspendieron fugazmente su atención para ajustar sus sistemas a los nuevos precios. La nafta común pasó de 3,74 bolivianos a 6,47 bolivianos (de 0,53 a 0,91 centavos de dólar); mientras que el gasoil de 3,72 a 6,80 bolivianos (de casi 0,52 a 0,97 centavos de dólar).

La Confederación de Choferes de Bolivia, el principal sindicato del sector con 175.000 afiliados, respondió a la medida con la convocatoria para hoy de una huelga general indefinida. Su máximo dirigente, Franklin Durán, afirmó en una conferencia de prensa que su sector «no puede someterse» a las decisiones del Gobierno porque los nuevos valores van a tener un efecto multiplicador que afectará «la economía no sólo de los transportistas, sino también de la población en su conjunto».

Según Durán, el servicio del transporte puede subir hasta en un 122%, mientras que el líder del gremio de los panaderos, Juan Carlos Apaza, calificó la medida como «cirugía sin anestesia» y anunció que subirá el costo de su producto, sin precisar cuánto.

La diputada opositora Norma Piérola criticó que Morales no estuviera en La Paz para anunciar en persona la decisión y explicar qué problemas tiene la economía para llegar a un «gasolinazo». También cuestionó que el ministro boliviano de Economía y Finanzas, Luis Arce, en días pasados negara ante la prensa que subiría el precio de los combustibles.

El empresario y político opositor Samuel Doria Medina dijo que «el gasolinazo fue brutal» y advirtió que tendrá un impacto muy fuerte en la inflación de este año, que llegará a dos dígitos, ya que en noviembre estaba en 5,32%, superando la meta anual del 4,5%.

Para paliar el impacto, el Gobierno decidió que el aumento salarial de 2011 será superior al de la inflación prevista antes de la suba, y que los empleados estatales trabajen desde el lunes en horario continuo, además de congelar el costo de servicios como agua, telefonía y energía eléctrica. También se instruyó a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos el «acopio de alimentos» para garantizar la venta de los mismos «a un precio justo», por los efectos que puede generar la elevación de costos de las naftas.

Por su alto impacto político y social, los precios de la mayoría de los combustibles se habían mantenido invariables durante casi una década.

A principios de 2003, el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada prefirió aumentar impuestos en vez de subir las naftas, en una medida que le valió un cruento motín policial que marcó el principio del abrupto fin de ese gobernante neoliberal, ahora refugiado en Estados Unidos.

En 2004, el entonces presidente Carlos Mesa subió levemente el gasoil, lo que desató protestas que sirvieron como punto de partida a un movimiento autonomista en la región oriental de Santa Cruz, liderado por los grandes empresarios agropecuarios.

Agencias Reuters, EFE, ANSA y DPA