Impuestos, para Gobierno: absorbe el 76% de ingresos

El Gobierno nacional continuará concentrando 3 pesos de cada 4 pesos de los contribuyentes en 2012. El presupuesto para el año próximo proyecta que la recaudación de impuestos ascenderá a los u$s 668 mil millones. De este total, la Nación absorberá de manera automática el 76% ($ 505 mil millones), al tiempo que para las provincias apenas llegarán los $ 164 mil millones restantes por medio de la Coparticipación. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), «la mayoría de los diputados y senadores terminaron votando en contra de sus propias provincias al dejar en el Gobierno central» la mayoría de los recursos.

A continuación, los conceptos más destacados del informe de IDESA:

El modelo fiscal aprobado solidifica para el año 2012 la distribución de recursos visiblemente desbalanceada que opera en la última década. La paradoja es que esta situación, indiscutiblemente dañina para las provincias, fue votada por una mayoría de legisladores de las provincias.

Diferencia

El argumento esgrimido por ellos fue que lo que la Nación concentra, luego vuelve a las provincias a través de obras, acciones y asistencias financieras. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre recibir los recursos mediante un mecanismo de distribución automática, como lo establece la Constitución con la Coparticipación Federal de Impuestos, y recibirlos de manera dadivosa gracias a la «generosidad» del Gobierno central.

Desfinanciar las provincias en la distribución automática para luego transferirle recursos centralizados de manera discrecional, sobre la base del sometimiento, fatalmente provoca deterioro en la calidad de estos servicios públicos esenciales, indispensables para superar al atraso regional y encaminarse al desarrollo social.

La mayoría de los legisladores que responden al oficialismo se alinearon con la voluntad del Gobierno central. Esto es natural y deseable en la medida en que constituye un bloque político. Sin embargo, se puso al descubierto la carencia de un mínimo debate previo.

Las provincias tienen que comprometerse a alcanzar resultados concretos en cada una de estas áreas, pero esto no será posible sin una asignación automática de recursos públicos coherente con la distribución de responsabilidades que consagra la Constitución nacional.