Apunta a apoderados y responsables legales del sello. Fiscal electoral, Di Lello recibió informe sobre afiliaciones del PRO.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió abrir una investigación penal en base a una denuncia presentada por la agrupación La Alameda, y solicitó una serie de medidas tras conocerse un informe periodístico sobre supuestos aportantes falsos de Cambiemos a la campaña de candidatos provinciales de esa agrupación en 2017. El juez a cargo del caso, Sebastián Casanello ordenará varias medidas de prueba. Apuntan a los responsables económicos de la campaña, presentados ante la Justicia electoral, que también investiga de oficio y ha cruzado los datos de los presuntos aportantes con las fichas de afiliación al PRO y busca conocer si eran beneficiarios de planes sociales que no prestaron consentimiento para la maniobra. Ese aspecto podría terminar en manos de la Justicia con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires.
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Stornelli orientó la investigación al tesorero y a los responsables económicos financieros de la campaña de Cambiemos. En la presentación del fiscal se nombra a Carla Silvia Chabán y a Alfredo Irigoin como imputados. La presentación de La Alameda había apuntado a los legisladores Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, y Héctor "Toty" Flores, que fueron los candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en 2017, y encabezaron las listas. Sin embargo, los responsables legales del sello y del financiamiento electoral son los que rubrican los documentos que se analizan tras la elección.
Este expediente que cuenta con impulso fiscal, se suma a una investigación preliminar avanzada que realiza el fiscal electoral Jorge Di Lello quien pidió informes a la Cámara Electoral entre otras medidas luego de conocerse la investigación del periodista Juan Amorín. El fiscal pidió a Gendarmería Nacional que constate si los domicilios son reales y cuáles son las condiciones socioeconómicas de esas personas. Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara Nacional Electoral le envió un informe al fiscal Di Lello que confirmaría que, de una muestra de unos cien nombres tomada al azar entre todos los supuestos falsos aportantes a la campaña en la provincia de Buenos Aires que fueron detectados, el 99% también figuran como afiliados al PRO. Por su parte, el juez Casanello certificará lo actuado por el fiscal Di Lello en el marco de su investigación. Resta que Gendarmería constate los domicilios y que el Ministerio de Desarrollo Social confirme si son o no beneficiarios de planes sociales de cualquier tipo. Más allá de presuntos delitos electorales, la cuestión puede encuadrar otros delitos como falsificación de documento público si las fichas de afiliación cuentan con firmas o datos apócrifos.
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