Incautación por lavado, exigencia GAFI

Julio Alak

Julio Alak ratificó ayer la potestad del Gobierno para administrar activos provenientes de hechos ilícitos secuestrados por los jueces. Fue durante una jornada en el Banco Nación, donde el titular de la cartera de Justicia brindó distintos detalles sobre el funcionamiento del registro de bienes secuestrados que ahora depende del Poder Ejecutivo. Anteriormente controlado por el Poder Judicial, el cambio de manos ha generado críticas silenciosas -y no pocas chicanas- entre jueces y funcionarios de la calle Sarmiento.

«La medida constituye una clara demostración de la voluntad política del Gobierno argentino de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional», sostuvo Alak en la apertura del Primer Encuentro Regional sobre Recupero de Activos de Origen Ilícito. Lo escuchaban funcionarios de países limítrofes y, más cerca, el subsecretario de política Criminal, Juan Martín Mena; el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, y el titular del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, Nicolás Barbier.

Exigencia

El registro de bienes secuestrados se creó en 2011 mediante un decreto presidencial. Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que busca los nombres de posibles lavadores detrás de bienes incautados. Hasta ese entonces, automóviles, aviones, embarcaciones -e incluso inmuebles- requisados durante procedimientos penales quedaban bajo la administración de los jueces. Vencidos los plazos legales, estos activos solían ir a remate lo cual podía constituir una interesante caja administrada por la Corte Suprema.

El centro de la cuestión es que, según entienden en el ministerio, hasta llegado ese punto, distintos magistrados solían utilizar, prestar o incluso alquilar dichos activos que en diversos casos podían tratarse de automóviles importados o barcos de gran envergadura. Los jueces contrarios a la nueva norma, muchos de ellos con despachos en los tribunales federales de Comodoro Py, alegan que cuando el registro esté absolutamente implementado demorarán aún más los tiempos de la instrucción ya que las pericias escaparán al terreno de los juzgados.

Las objeciones no son sólo técnicas, sino también políticas. Los magistrados entienden que la iniciativa fue impulsada, sin consultarlos o pedirles recomendaciones, por el secretario de Justicia, Julián Álvarez y dos hombres de su confianza dentro del ministerio: Ernesto Kreplak (subsecretario de Coordinación y Control Registral) y el ya mencionado Barbier. Los jueces no desconocen que Álvarez suele referirse a ellos, ante distintos auditorios, como una corporación contra la cual el Gobierno debe librar una «batalla cultural».

El caso de Barbier es curioso. Meses antes de las presidenciales de 2011 reportaba en el Ministerio del Interior bajo la órbita de Florencio Randazzo. Al no obtener un lugar destacado en las listas legislativas se fue de dicha cartera con críticas para con su jefe. Cuando distintos exponentes del kirchnerismo juvenil ya daban por finalizada su trayectoria en el Gobierno, reapareció al frente del nuevo registro, con la recomendación de Eduardo «Wado» de Pedro, diputado nacional que suele participar en distintas tertulias en Olivos.