Inicia Senado hoy debate por la nueva ley de ART

José Ignacio de Mendiguren

Hoy ingresará al recinto del Senado uno de los proyectos de ley que más esperan los empresarios: el que anunció la Presidente para reemplazar la vieja norma sobre accidentes laborales, indemnizaciones y régimen de ART (administradoras de riesgo del trabajo).

El proyecto atravesó intacto, sin tachas ni modificaciones, la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara alta, donde José Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), argumentó a favor del proyecto oficial, enfrentando al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Después de su aprobación en el Senado, la ley irá a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea aprobada sin mayores inconvenientes. Sin embargo, esa cuasi certeza no alcanza para que los empresarios dejen de cruzar los dedos y aguarden con ansiedad el tratamiento parlamentario.

En el empresariado -sobre todo en el sector industrial, por lejos el más afectado por los accidentes de trabajo- todavía temen por alguna ofensiva de último momento del sector gremial que pueda modificar o trabar la aprobación.

No parece probable: una de las principales razones por las cuales Cristina de Kirchner envió la norma al Congreso -tras una dilación de cinco años- es su pelea con el líder de la CGT Hugo Moyano y, por extensión, con su letrado e impulsor de leyes antiempresarias, Héctor Recalde.

Este abogado laboralista fue el autor de anteproyectos que todavía hacen temblar a los industriales, como el que preveía la participación sindical en los directorios y en las decisiones de las empresas; desde el «divorcio» Gobierno-CGT, esas iniciativas acumulan polvo en los cajones y no se espera que su situación vaya a modificarse alguna vez.

Cabe recordar que la principal característica de la ley enviada al Congreso por el Ejecutivo es que se elimina la denominada «doble vía», que permitía al accidentado -tras un fallo de la Corte Suprema de hace más de un lustro- cobrar la indemnización prevista por la ley y pagada por la ART, y después recurrir a la Justicia laboral a pedir un monto mayor.

Esto provocó una avalancha de juicios, que -según estadísticas de la propia UIA- causó que se acumulara un stock de demandas superior a los u$s 2.000 millones, un pasivo contingente para el sector industrial que podría poner en peligro su propia subsistencia.

Lo que más costó explicarle a la presidente Cristina de Kirchner es que los trabajadores accidentados sólo se quedaban con una fracción ínfima de los montos acordados por los jueces; el resto se iba en honorarios a los abogados laboralistas (principales beneficiarios de este «no-régimen»), gastos judiciales y otras expensas.

Uno de los argumentos que exhibió De Mendiguren a favor de la ley de Cristina fue justamente ese: el fin de la «industria del juicio» tendrá como principales beneficiarios a los trabajadores, que cobrarán montos razonables pagados por las ART sin intervención de abogados. De todos modos, quienes opten por hacer juicio tendrán la potestad de hacerlo, indica el anteproyecto que comenzará a tratarse en el Senado.

Tomada había sido desde siempre uno de los principales impulsores de la existencia de la «doble vía». De hecho, había logrado -hace poco más de dos años- sancionar un decreto aumentando las indemnizaciones que deben pagar las ART, y aseguró en esa oportunidad que esto detendría el caudal de acciones judiciales. Sucedió exactamente lo opuesto.