Insistirán en veto a cruceros

El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó ayer que aplicará tantas veces como sea necesario la ley que prohíbe el amarre de buques con bandera británica en territorio provincial, luego de la polémica desatada el lunes por el desvío de dos cruceros turísticos del puerto de Ushuaia.

En medio de la tensión con el Reino Unido por el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, la gobernadora Fabiana Ríos -aliada al Gobierno nacional- defendió la decisión que no sólo atizó el malestar con la diplomacia inglesa, sino que generó un impacto negativo en el sector turístico local, que esperaba con fuerte expectativa el dede al menos 5.000 pasajeros durante el feriado del lunes.

«Este tipo de medidas traen consecuencias, pero fue un pedido del pueblo mismo, y sabemos que, de alguna manera, todos perdemos en lo económico», reconoció el vicegobernador Roberto Crocianelli.

En tanto, el secretario de Estado de Exteriores, Jeremy Browne, consideró ayer ante el Parlamento británico que es «una fuente de tristeza y frustración» que quienes están de vacaciones y quieren tener una relación con la Argentina a nivel personal «no puedan hacerlo». Por su parte, el diputado laborista John Spellar hizo un llamamiento al Gobierno para que presente una queja formal a Buenos Aires y a la Organización Marítima Internacional sobre lo que calificó como un acto «completamente injustificado».

La decisión del Gobierno de Tierra del Fuego de aplicar, por primera vez desde su sanción en agosto pasado, la denominada «ley Gaucho Rivero» (héroe que en 1833 izó la bandera argentina por sobre la británica tras la usurpación de enero de aquel año) enfureció también a los operadores turísticos de la ciudad más austral del mundo. Fue, precisamente, el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Marcelo Lietti, el encargado de exigirle al Gobierno provincial que no vuelva a prohibir a cruceros británicos amarrar en el puerto austral por los «graves problemas» que esa situación genera al sector.

«Podemos subir a bordo de los buques, porque estamos habilitados para hacerlo, y decirles a los turistas que ese lugar que van a visitar es nuestro. Pero impedir el amarre genera enojo entre los turistas», advirtió.

Para el empresario, Ríos hizo «una mala interpretación» de una ley provincial que, sin embargo, no alcanza a los buques dedicados al turismo: «Prohíbase toda permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas relacionadas con la exploración, perforación o explotación de recursos naturales en la cuenca de las islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina», señala la norma sancionada luego de una importante presión de excombatientes de Malvinas que en esta provincia ejercen un fuerte cerco en torno al Gobierno.

La gobernadora no tardó en responder las críticas del sector turístico. Aunque reconoció que algunos sectores se verán afectados por eventuales pérdidas económicas, enfatizó: «La ley la interpreto yo. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Con el vicegobernador tomamos la decisión que creímos que teníamos que tomar, y tuvo el cariz que tuvo».

Las embarcaciones que no pudieron amarrar en el muelle de la capital provincial fueron el Star Pincess, un crucero de lujo con capacidad para 2.600 pasajeros, que ya había atracado en la ciudad austral en varias oportunidades durante los últimos años; y el Adonia -ambas propiedad de Carnival Corporation-, luego de que los buques tuvieran previsto hacer escala durante el día en Ushuaia antes de continuar su viaje hacia Punta Arenas, Chile.

El lunes, el senador provincial del Frente para la Victoria y exgobernador Jorge Colazo (procesado y dos veces destituido por malversación de fondos) solicitó mediante una nota al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Alejandro Berola, la aplicación de la «ley Gaucho Rivero» ante el inminente ingreso al puerto de los cruceros de bandera inglesa. Antes, en la fría madrugada sureña, el propio Colazo junto con un grupo de excombatientes había protagonizado en el puerto de Ushuaia un acto de repudio frente a las embarcaciones que iniciaban su ingreso a la terminal.