El escándalo estalló los primeros días de julio de este año. Fue una noticia de altísimo impacto: cae una profesora de historia por manosear y fotografiar chicos. Del caso se habló 48 horas. La noticia luego se fue diluyendo. La profesora enseñaba historia en la Escuela Media 2 de Ensenada. Un fiscal la acusó de publicación de imágenes pornográficas de menores de edad, y la detuvo junto con su esposo. Ella, de 53 años y su marido, de 71 fueron imputados por enviar y recibir material pornográfico de menores. Hubo otros procedimientos en San Isidro que terminaron con dos detenciones más. "Cuando advertimos que se trataba de una docente tuvimos que intensificar todo el trabajo. Percibíamos que podría haber más menores en riesgo", dijeron en su momento desde la fiscalía de Fernando Cartasegna que hizo los operativos. La historia siguió así. El juez de La Plata Juan Massi confirmó la detención de los acusados y les negó la libertad. Sin embargo, en un fallo polémico, los jueces Laura Lasaga, Ricardo Szelagowski y Sergio Almeida les otorgaron la excarcelación a la profesora y a su esposo con un fundamento por lo menos insólito. Dijeron que, como las computadoras que se usaban para cometer el delito habían sido secuestradas en el allanamiento, los acusados podían seguir el proceso en libertad, desde su casa. Lo que no meritaron los jueces es que si bien es cierto que las computadoras habían sido secuestradas y ya no estaban más en la casa, los acusados tenían y tienen infinidad de opciones para reiterar la conducta: instalar otra computadora en la casa, usar un celular con Wi-Fi, o bien, ir a un locutorio. La excarcelación, así fundada, parece insólita. La defensa de la profesora Adriana Marta Márquez Dos Santos y de su pareja Claudio Batisti basó su pedido de excarcelación en que la pena en expectativa para el delito podría ser de aplicación en suspenso. Alegó el defensor que no existía riesgo procesal, es decir que los acusados iban a estar a derecho, y de ningún modo iban a apretar testigos o alterar el desarrollo de la causa. "En lo atinente a Márquez Dos Santos, da cuenta la defensa que padecería una enfermedad terminal encontrándose en tratamiento oncológico", escribieron los jueces. Batisti, según la defensa, "presenta un cuadro de hipertensión severa y ha padecido dos ACV". Los jueces hicieron lugar al planteo de la defensa y escribieron: "No advierto peligros procesales. Tengo presente para ello la carencia de antecedentes penales de ambos imputados y la circunstancia de encontrarse ya incautados los elementos que sustentan la materialidad ilícita (las computadoras), lo que descartaría el riesgo de entorpecimiento probatorio", detallaron. Para traducir, como la computadora desde donde se detectó el delito ya está secuestrada, que los acusados recuperen la libertad, analizaron los jueces. En la misma medida, los camaristas decretaron la prohibición de salida del país de los sospechosos. La docente acusada tenía a su cargo "entre 8 y 10" cursos en la escuela secundaria donde trabajaba. La investigación comenzó en febrero cuando llegó a la Procuración de la Suprema Corte provincial una alerta del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de EE.UU. Con esa información, el fiscal dispuso un seguimiento. Los peritos y expertos de la división Cibercrimen de la Bonaerense detectaron los IP y encontraron las direcciones desde donde se conectaba la profesora con la parte de la red que operaba en San Isidro. Cuando llegaron los agentes de Cibercrimen hasta la habitación donde estaban instaladas las computadoras, el marido de la profesora ya estaba conectado. Al parecer buscaba borrar pruebas.
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