Intentan frenar amparos de militares

El Gobierno emprendió una ofensiva judicial y política para trabar medidas cautelares de primera instancia que benefician a uniformados, quienes reclaman en la Justicia por la correcta liquidación de sus haberes. Ésa es la interpretación del texto de la Resolución Nº 742 firmada por Nilda Garré que hicieron una decena de estudios de abogados representantes de militares, agentes de inteligencia y miembros de fuerzas de seguridad, quienes buscan que se incorporen al «haber» las sumas fijas no remunerativas dadas como aumento de sueldo durante la gestión kirchnerista.

La Resolución Nº 742 firmada por Garré el 4 de setiembre pasado dice en su parte dispositiva: artículo 1, «Confórmase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa una comisión ad hoc con el objeto de analizar orgánica e integralmente la problemática planteada con la judicialización de la política salarial del personal militar de las Fuerzas Armadas»; artículo 2: «la Comisión se integrará con los responsables de las áreas de Presupuesto, Personal y Asuntos Jurídicos de cada una de las Fuerzas Armadas y con los directores generales de Presupuesto, Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.

También la integrará el presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones (IAF)». Será presidida por el jefe de Gabinete de Asesores (Raúl Garré). El artículo 3 muestra entre líneas la misión que alarmó a los letrados: «La Comisión realizará informes periódicos para la consideración del ministro de Defensa y considerará las medidas que convenga adoptar en materia presupuestaria, de gestión de personal, y de estrategia legal y judicial respecto de la problemática planteada».

Hay más de 5.500 efectivos en actividad, sumando miembros de las tres fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura), que solicitaron amparos y consiguieron la actualización inmediata de los haberes con el agregado de esos suplementos no remunerativos.

La crisis en las partidas de haberes de Defensa surgió por la política de dar aumentos de sueldo a través de suplementos no remunerativos y no bonificables al margen de lo dispuesto en la Ley Nº 19.101 del Personal Militar. Garré entró en pánico, pues el número de amparistas crece día a día y obliga a Defensa a comprometer dinero no previsto en el presupuesto de haberes de las Fuerzas Armadas para el ejercicio 2009. En igual situación contable están las partidas del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones (IAF), a cargo del licenciado Lorenzo Donohoe. Hay indicios de desfinanciamiento del gasto previsional, miles de retirados también fueron beneficiados con medidas cautelares que ordenan al IAF liquidar el haber de retiro conforme lo marca la Ley 19.101 (incorporando las controvertidas sumas fijas). A esa crítica situación de financiamiento del IAF por el impacto de los amparos se agrega que uno de los aumentos a los pasivos se resolvió por la vía de eximirlos del aporte del 11 por ciento que obligatoriamente realizan sus beneficiarios, cuya recaudación se incorpora al fondo común de capitalización colectiva que permite justamente aliviar al fisco.

Las peticiones de amparo y su resultado favorable se dispararon a escala exponencial tras el fracaso del oficialismo en las elecciones legislativas. Es un dato conocido que la Justicia es la primera en interpretar la pérdida de poder del sector que gobierna. Los juzgados federales y civiles de Formosa, Chaco, Corrientes, Chubut y Santa Cruz (la provincia del matrimonio Kirchner) acumulan la mayor cantidad de expedientes con dictamen positivo a los reclamos militares.

La vía cautelar ha demostrado eficacia en mover el fiel a favor de los particulares para frenar decisiones arbitrarias tanto públicas como privadas. Un ejemplo reciente: la Justicia congeló los aumentos en las tarifas de gas, al aceptar los recursos cautelares presentados por entidades de usuarios y obligó al Gobierno a convalidar la medida en el Boletín Oficial.

Sin embargo, como se trata de una medida preventiva de aplicación inmediata que no resuelve la cuestión de fondo -si la liquidación de incremento salarial a los militares por sumas fijas es Constitucional o no-, en el caso de que la Justicia termine resolviendo en contra de los uniformados, éstos deberán devolver cada centavo cobrado hasta el momento. Una utopía de imprevisibles consecuencias políticas para Garré.

La task force que pondrá el pecho a la embestida de amparos, liderada por Raúl Garré, se respaldará en fundamentos del reciente proyecto de ley del oficialismo que limita las medidas cautelares. La norma cuyo autor es el diputado Juan País (FPV, Chubut) tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y en esencia establece que el Estado podrá alegar ante cada medida cautelar en su contra que se está provocando un daño al interés público y así frenar decisiones judiciales.