Intentan parar el país hoy los gremios opositores

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Las centrales obreras opositoras harán hoy un paro de alcance nacional, el cuarto en la gestión de Cristina de Kirchner, con eje en la restricción de casi todos los servicios de transporte y bajo el paraguas de la protesta contra el Impuesto a las Ganancias. Como último intento por desactivarlo, el Ejecutivo amenazó ayer con quitarles los subsidios a las empresas del transporte público de pasajeros y derivarlos al usuario de manera directa a través de la tarjeta SUBE.

La huelga abarcará los transportes de pasajeros de colectivos y micros, ferrocarriles y, en buena medida, aviones. También los de cargas, así como el movimiento por camiones en general, la recolección de residuos, el transporte de combustibles y también la actividad portuaria y de las estaciones de servicio. Fuera del sector, adhirieron la Asociación Bancaria, los trabajadores de la industria de la alimentación de la Capital Federal, los petroleros de todo el país, los judiciales y municipales porteños y los empleados de la administración pública agrupados en ATE. Aunque el gremio del subte no hará paro, se prevén inconvenientes en la prestación del servicio.

La medida de fuerza lanzada en principio por 22 sindicatos del transporte, y que concitó la adhesión de la CGT opositora, de Hugo Moyano, la versión "Azul y Blanca", de Luis Barrionuevo, y la CTA disidente, de Pablo Micheli, tiene como destinatarios principales el futuro Gobierno y la interna de la propia central obrera mayoritaria, pronta a reunificarse. Hasta el líder de la propia CGT oficialista, Antonio Caló, declaró la "libertad de acción" para los afiliados a su sindicato metalúrgico.

En reserva, ningún gremialista que convocó a la medida de fuerza cree que el Gobierno cederá en el corto plazo con un cambio en Ganancias. Esa eventual modificación, en cambio, formará parte de los anuncios de Cristina de Kirchner como parte de la campaña electoral y en su entorno creen que la dará a conocer inmediatamente antes o después de las primarias de agosto.

Los propios funcionarios reconocen que el paro fue una bola de nieve en crecimiento e imposible de detener. Todas las miradas, del Ejecutivo y el ámbito sindical, apuntaron al mismo protagonista: Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); se convirtió en el eje de la protesta y el único dirigente capaz por sí mismo de garantizar su contundencia. Es que el paro de los colectiveros de la UTA y de los choferes de larga distancia asegura visibilidad y priva a trabajadores no involucrados en la medida de acudir a sus empleos.

Sobre ese sector fue apuntada ayer la última instancia de negociación del Gobierno. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, recibieron a los empresarios del transporte automotor de pasajeros en la Casa Rosada. El mensaje, según le explicaron a este diario desde el Ejecutivo, tuvo una vía política y otra económica: en la primera se les reclamó a los ejecutivos un mayor compromiso en comunicar los perjuicios del paro y las bondades del Ejecutivo, que financia con subsidios el 70% de la actividad.

En el plano económico, los funcionarios sacaron a relucir una amenaza de quitarles los subsidios, tanto del gasoil en el caso de los colectivos como de otros rubros (pasajeros discapacitados, rutas en las que compiten con Aerolíneas Argentinas y Repro, del Ministerio de Trabajo) en larga distancia, para derivarlos de manera directa al pasajero. El plan, que los propios funcionarios reconocen de difícil concreción en el corto plazo, contempla compensarles a los usuarios de forma mensual el dinero gastado en transporte público.

Entre los sindicatos, en tanto, la huelga de hoy será apenas el primer escalón del año de un plan de lucha que tendrá su siguiente mojón a mediados de abril, con la reunión del Comité Central Confederal de la CGT de Moyano para definir nuevas acciones. Mientras que los gremios del transporte, pendientes de negociar sus paritarias, mantendrán por su parte la amenaza latente de más paros.

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