Un amparo para evitar que el Gobierno pueda vender acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES derivó en un escándalo judicial en el fuero de la Seguridad Social, donde quedó en duda el sistema de sorteo de causas. Un fiscal pidió ahora abrir una investigación penal para determinar si existió algún tipo de adulteración de los sistemas para direccionar en qué juzgado se debía tramitar y si los jueces y camaristas que intervinieron tuvieron algún tipo de influencia externa. Gabriel de Vedia -fiscal de Instrucción de ese mismo fuero- solicitó que se indague sobre las irregularidades denunciadas y deslizó que podría existir un vínculo con el expediente que tramita la jueza María Servini de Cubría sobre el posible direccionamiento del sistema informático del Poder Judicial para la asignación de causas.
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El fiscal solicitó que se investigue ahora si existió un "manejo discrecional de los sorteos en mesa de entradas que no tendría sentido sin la complicidad de la Sala III de la cámara, algún operador del Gobierno, el Juzgado 2 (Strasser), el sistema informático que administra el Consejo de la Magistratura y recién ahí la mesa de entradas de la cámara como brazo ejecutor de la trama". En el dictamen de la fiscalía también se pide que se extraigan copias de toda la documentación de la causa y sus derivaciones para que sean giradas al Consejo de la Magistratura y también al Cuerpo de Auditores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia para que tomen cartas en el asunto debido a la trascendencia que podría sumar un nuevo antecedente a las irregularidades detectadas en los sistemas informáticos del Poder Judicial. Tanto en el Consejo como en la causa de Servini hubo avances que han certificado vulnerabilidades, aunque aún restan pericias.
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