Investigan lavado en pagos de Economía a empresas

Norberto Oyarbide, Juan Cayetano Intelisano

La Cámara Federal en lo Contencioso y Correccional de Capital Federal aceptó que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervenga en la pesquisa del presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de reaseguradoras Accolade Pool, que está a cargo del juez Sergio Torres. El organismo especializado en investigar operaciones de lavado de dinero solicitó su participación en el caso, ya que las empresas que fueron denunciadas como supuestas receptoras de este pago estarían vinculadas a otros casos explosivos como la llamada mafia de los medicamentos, Skanska y la cueva financiera que habría funcionado en el consulado de Guinea-Bissau.

En todos estos casos aparecerían estas mismas «empresas-cáscaras», cuya creación se basaría en facilitar a compañías contratistas del Estado disimular supuestos sobreprecios, pago de sobornos, así como lavado de dinero. Con este argumento, los abogados de las UIF, Carlos Bustillo y Claudio Castelli presentaron un escrito ante el juez Torres para que les permitiera intervenir en la pesquisa por Accolade Pool. El magistrado no hizo lugar al pedido, lo que generó la apelación del organismo. El 24 de setiembre pasado, la Cámara Federal avaló el pedido.

''Cáscaras''

Según la pesquisa de la IUF y del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, el presunto pago fraudulento a Accolade Pool, por el que hoy son investigados el subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de Economía, Juan Cayetano Intelisano, la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex secretario de Legales, Osvaldo Siseles, habría sido canalizado a más de 30 sociedades anónimas que habrían actuado como «empresas-cáscaras» para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero. Entre los beneficiarios se encontraría el empresario croata Johann Holjevac, según las presentaciones de Garrido y del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Plee.

Dentro de las empresas que habrían formado parte de la «ruta del dinero» del caso Accolade Pool están mencionadas Transportes del Alba SA, Pago Rural SA, Imcade SA, Zellardot Campos Salto SA y la Asociación Mutual de Panaderos del Tercer Milenio. Varias de ellas ya eran investigadas por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, a raíz de la supuesta cueva financiera que habría funcionado en el Consulado de Guinea Bissau, en 25 de Mayo 293, 6º piso. Ya que tenían como do-micilio legal esa misma dirección.

Objetivo

Según la UIF, ese grupo de empresas cuestionado formaría «un conglomerado de personas jurídicas que fueron utilizadas con el propósito de facilitar la cobranza de cheques de personas que no quieren -o no pueden depositar los mismos en sus cuentas bancarias». En ese grupo el organismo también incluye a las compañías Transportes la Merced SA, Riverside Distribución SA, Distrimagazine SA, Distridroguería SA, Press Group SA y Cereales Pampa Sur, también acusada de supuestamente «legitimar activos de procedencia espuria».

En este punto empiezan los cruces y coincidencias. Según pudo detectar la UIF, las sociedades Pago Rural SA y Cereales Pampa Sur SA habrían canalizado a través de sus cuentas bancarias varias cheques «emitidos a favor o endosados por Droguería Unifarma SA, Seacamp SA y Sebastián Forza», quien fue asesinado en el triple crimen de General Rodríguez. Tanto él como las empresas farmacéuticas podrían estar vinculados al tráfico de efedrina y la llamada mafia de los medicamentos, además de que habrían aportado fondos a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. El escrito que la UIF presentó en el juzgado de Torres también señala que estas empresas también habrían canalizado presuntamente «cheques librados por la Obra Social Bancaria a favor de la Droguería San Javier SA, que contaban con sendos endosos de Sebastián Forza», con el supuesto objetivo de ocultar «la identidad de los beneficiarios y/o evitando controles de diferentes organismos, dificultando o impidiendo el seguimiento de fondos».

Fines

Este supuesto conglomerado de empresas fantasmas aparece además en el caso Skanska, que también está a cargo de López Biscayart, quien investiga «la presunta existencia de una estructura organizada compuesta por un grupo de personas que, a partir de la creación de un ente societario materialmente ficticio y carente de actividad real, Caliban SA-Infiniti Group SA viene desarrollando, coordinada y mancomunadamente, una actividad habitual con el objeto de cometer delitos indeterminados, o facilitar su comisión por parte de terceros». Esta pesquisa tiene además otra pata judicial, a cargo del juez Norberto Oyarbide, quien investiga los presuntos sobornos que Skanska habría efectuado a funcionarios públicos «para lo cual habrían recurrido a contrataciones simuladas con empresas carentes de actividad societaria o comercial real».

Así, el supuesto entrama-do de funcionarios y gestores que habría viabilizado durante años supuestos pagos ilícitos en el Ministerio de Economía, se vuelve cada vez más amplio y más complejo.