Investigan manejo de fondos nacionales para viviendas en Chaco

Avance se da en medio de tensión institucional tras detención de funcionarios por uso irregular de recursos locales. Peppo había mostrado su preocupación a Macri el jueves ante “viejas denuncias del radicalismo que buscan involucrarlo”.

Domingo Peppo

El fiscal federal Patricio Sabadini confirmó ayer que avanza en una investigación sobre un supuesto manejo irregular de fondos nacionales para la construcción de viviendas para pueblos originarios en Chaco entre 2011 y 2016. Entre 2012 y 2015, quien estuvo al frente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda fue el actual gobernador, el peronista Domingo Peppo.

La nueva estocada judicial amenaza con profundizar la tensión institucional en tierra chaqueña, con un Ejecutivo ya duramente golpeado tras la detención de un grupo de funcionarios provinciales clave por presunto uso ilegal de recursos provinciales, entre ellos el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsubsecretario de Comercio, Marcelo Lugo.

Con ese delicado telón de fondo, ayer Sabadini afirmó que "hay una denuncia formulada por una exdiputada, acompañada de un informe", en referencia a Marilyn Canata, exlegisaldora provincial de Cambiemos y actual funcionaria de Anses en Resistencia.

En declaraciones a Radio Sudamericana, el fiscal también señaló que "la franja" en investigación "atraviesa varios mandatos en el Instituto de Viviendas provincial".

"Durante esos mandatos se destinaron fondos para la construcción de viviendas a cooperativas de trabajo para pueblo originarios", dijo, y remarcó que "de 1.000 millones de pesos se han ejecutado sólo 200 millones, un 22%".

El período en la mira -2011 a 2016- incluye las gobernaciones del justicialista Jorge Capitanich -hoy intendente de Resistencia-, de Juan Carlos Bacileff Ivanoff -gobernador en funciones tras el salto del "Coqui" al Gabinete de Cristina de Kirchner- y del propio Peppo.

En una reunión que mantuvo el pasado jueves en Puerto Iguazú con Mauricio Macri, Peppo mostró que estaba al tanto de la investigación. "Le manifesté mi preocupación porque a esta situación (por la detención días atrás de funcionarios provinciales) se le agregan viejas denuncias de más de un año de dirigentes del radicalismo que quieren involucrarme, pero voy a mantenerme con la misma firmeza, de preservar la institucionalidad por sobre todas las cosas", aseveró.

Ayer, Sabadini afirmó que tienen "un par de nombres como personas responsables". Sin embargo, buscó manejarse con cautela. "Teniendo en cuenta la posición institucional de una de las personas que estamos investigando tenemos que ser prudentes; estamos viendo los números y el dictamen", dijo, en referencia a Peppo.

No obstante, remarcó que "la Constitución dice que todos somos iguales ante la Ley". "Acá se seguirá con el mismo procedimiento como con cualquier persona, aunque hay que reconocer la posición institucional", dijo.

En esa línea, remarcó que cuentan es su poder con "un informe técnico donde, más allá "del partido que lo haya hecho, hay un faltante de dinero considerable o, al menos, no se han realizado las construcciones que las partes se han comprometido".

"Es una denuncia que se realizó en sede administrativa por la exdiputada provincial; ante la Fiscalía Federal presentó una investigación que duró dos años, y hace un par de semanas hemos recibido el dictamen del Fiscal de Investigación Administrativa y también la exlegisladora se presentó a ampliar la denuncia", precisó Sabadini.

"En ese marco estamos trabajando y recibiendo algunas testimoniales", dijo, con la mirada puesta en hacer "una presentación ante el Juzgado Federal" para que se investigue "en función de un marco fáctico y una imputación provisoria". "Tenemos la obligación de investigar", enfatizó, y aclaró que "el requerimiento de instrucción es la llave de la investigación". "No se está diciendo que esta persona es culpable, es una investigación para ver qué ocurrió", enfatizó.

En la vereda oficial, en reacción, el ministro de Gobierno, Martín Nievas, aseguró, respecto de la denuncia de Canata, que esto "terminó con el aprovechamiento de estas circunstancias, luego de un año en que el fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas presenta la denuncia al fiscal federal para que requiera instrucción". "Hay que tener cuidado porque Canata fue diputada radical, y el fiscal adjunto fue propuesto por el radicalismo y fue un exfuncionario de gobernadores de ese partido que están tratando de utilizar esta vía judicial para resolver un problema político", disparó.