Investigan rarezas de campaña: todos los aportes “cash”

La Justicia electoral dispondrá esta semana las primeras medidas para auditar el financiamiento de la campaña electoral de los comicios legislativos de junio pasado. Una tarea que será especialmente ardua para el juez con competencia electoral bonaerense, Manuel Blanco, ya que su distrito presentó los topes máximos de fondos, de la mano del partido liderado por Francisco de Narváez, que gastó un total de $ 14.397.777 y obtuvo el primer puesto en la provincia.

El mayor problema para la Justicia electoral, sin embargo, no consistiría en analizar los montos rendidos por los partidos políticos, que, hasta donde declararon, se ajustan a la ley de financiamiento electoral, sino confirmar cada uno de los aportantes privados que participaron en la campaña.

En las antípodas del financiamiento de la campaña presidencial de 2007, esta vez los partidos optaron por recurrir a contribuciones y donaciones privadas como base principal de financiamiento. Lejos de las empresas farmacéuticas, que llegaron a representar el 30 por ciento de los fondos de la campaña que llevó a Cristina de Kirchner y Julio Cobos al poder y que todavía hoy es investigada por la jueza electoral María Servini de Cubría, los informes presentados el lunes pasado por los distintos partidos políticos se caracterizan por presentar una mayoría de aportantes privados, en especial, en el caso de las dos fuerzas que combatieron por el territorio bonaerense: Unión-PRO y el Frente para la Victoria.

En el primer caso, las contribuciones privadas ascienden a casi 4 millones, que realizaron aportes desde $ 100 hasta $ 280 mil, y todas ellas deberán ser comprobadas por los auditores judiciales. A esto hay que sumar las «zonas grises» que la Justicia electoral puede llegar a analizar, como los montos que De Narváez gastó en la publicidad que hizo 60 días antes de las elecciones y que no declaró porque, al no decir el nombre del candidato, no sería considerada como parte de la campaña electoral.

Otro problema surge frente al informe del FpV bonaerense, que gastó $ 13.351.586, según su declaración. La fuerza que lideró Néstor Kirchner también presentó mayoría de aportantes privados, y sus mayores contribuyentes fueron los propios dirigentes oficialistas, según declararon ante la Justicia electoral, si bien se informó a la prensa que éstos habían oficiado de «recaudadores». Es decir, en casos como los aportes del senador bonaerense José Molina (que contribuyó con $ 178.581) y de Francisco y Santiago Cafiero (que aportaron $ 156 mil cada uno), las cifras representarían numerosos fondos que ellos concentraron en una sola donación. Algo engorroso para la Justicia, que debe constatar cada peso ofrecido a estas campañas.

Otro dato llamativo: en las dos rendiciones de cuentas todos los contribuyentes privados figuran como un tipo de pago en efectivo. Referencia confusa, si se tiene en cuenta que todo aporte mayor a $ 1.000 no puede hacerse en efectivo, de acuerdo con lo que estipula la ley de financiamiento electoral, para evitar delitos como el lavado de dinero.