IOMA: sumarán nuevas causas a la investigación

Antonio La Scaleia

Buenos Aires - El fiscal Jorge Paolini, titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas N° 8, analiza incorporar a la causa madre por presuntas irregularidades en la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por $ 1.500 millones, la avanzada investigación que terminó a mediados de marzo con la detención del titular de la obra social de Junín, Eugenio Pirani, luego de que la Justicia secuestrara documentación a partir de infinidad de históricas denuncias de particulares.

En paralelo, el funcionario determinará por estas horas los pasos a seguir en la causa iniciada el viernes por el actual presidente del organismo, Sergio Cassinotti, a instancias de la gobernadora María Eugenia Vidal. No es, sin embargo, la única denuncia penal que investiga Paolini: desde hace más de cuatro años, esa fiscalía trabaja sobre otras 14 de particulares y familiares de beneficiarios del IOMA, entre las que se encuentra la de Junín, una de las más avanzadas.

La semana pasada, el titular del IOMA realizó una denuncia judicial por "irregularidades detectadas durante la gestión" del gobernador Daniel Scioli, como sobreprecios y facturaciones a afiliados fallecidos que podrían alcanzar los $ 380 millones anuales.

"Gracias a una exhaustiva auditoría interna encarada por las nuevas autoridades se pudieron encontrar ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los recursos de amparos", se precisó desde ese organismo al que muchos hoy llaman con humor criollo "La Rosadita" de Scioli.

"Tal como me solicitó la gobernadora María Eugenia Vidal al momento de asumir, estamos trabajando para sanear la obra social, recuperarla de muchos años de abandono y volver a brindar el servicio de calidad y transparencia que se merecen nuestros dos millones de afiliados", expresó Cassinotti.

El titular del organismo afirmó que las presuntas irregularidades se entienden como "una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial".

En 2011, una serie de testimonios de proveedores de la obra social puso al borde del abismo al por entonces presidente del IOMA Antonio La Scaleia. Pero la administración sciolista decidió finalmente pasar por alto el asunto, con absoluto conocimiento de la onda expansiva que podría provocar un escándalo de presunta corrupción.

De acuerdo con la denuncia, se pagaron más de $ 36 millones por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor. Además, siempre según la presentación judicial, hubo facturas por internación domiciliaria a pacientes fallecidos y a otros afiliados a quienes no se les brindó la atención.

Además, el IOMA informó que se rescindió el convenio que existía para la compra de prótesis y se retomó la adquisición directa, lo "que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales". Además de compras fraguadas en ortopedia, ítems con sobreprecios, y la compra de 130 computadoras que nunca habrían llegado al organismo.