Jaime: juez insiste a la AFIP que informe sobre su patrimonio

El juez federal Norberto Oyarbide volvió a pedir a la AFIP y a varios bancos una serie de informes sobre el patrimonio del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El magistrado investiga al ex funcionario kirchnerista por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la falta de respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de varias entidades bancarias sobre la situación patrimonial de Jaime, el juez insistió en el pedido de informes, que se sumarán a los que recibió la semana pasada del Registro de Propiedad de Córdoba.

El escrito se refiere a cinco propiedades en la localidad de Mendiolaza, ubicada en esa provincia, que el ex secretario de Transporte no podría justificar. Silvia Reysse, la actual mujer de Jaime, y dos hijas de sus hijas, viven en tres de las cinco propiedades. Cada una de ellas tiene un valor estimado de u$s 300 mil.

También se le adjudica al ex funcionario un lujoso spa en esa misma localidad, que sería explotado por una de las hijas de Reysse. Además, la pesquisa que está a cargo del secretario Jorge García Davini indaga sobre un yate valuado en u$s 1,4 millón, que también podría ser de Jaime.

Por otro lado, los investigadores del caso destacaron que la investigación sobre el avión Lear Jet 31A no estaba agotada, sino que simplemente se había realizado un pase parcial de competencia del expediente al juez federal Claudio Bonadío, quien tiene a cargo una causa contra Jaime por presunta aceptación de dádivas.

El avión que se le adjudica al ex secretario de Transporte está valuado en unos u$s 4 millones. Hasta el momento, el juzgado de Oyarbide pudo acreditar que Julián Vázquez, hijo del ex asesor y amigo personal de Jaime Manuel Vázquez, es el apoderado de la empresa Pegasus SA, que intervino en la compra del avión.

Por el momento, el expediente fue enviado al juzgado de Bonadío, quien investiga al ex funcionario a raíz de una denuncia presentada por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

El entonces titular de la FIA acusó a Jaime de supuestamente haber aceptado viajes para él, su familia y sus amigos, a cambio de supuestos beneficios de la Secretaría de Transporte para las empresas que los transportaban, en general, a Brasil.