Jefe de fiscales se queja por juicios demorados

Esteban Righi

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le reclamó a la presidente del Tribunal de Superintendencia de la Cámara de Casación Penal, Liliana Catucci, la reasignación de causas por crímenes de lesa humanidad radicadas en el Tribunal Oral N° 5, debido a la gran cantidad de procesos que se encuentran pendientes en esa Magistratura. El jefe de fiscales fundamentó su pedido en el hecho de que se ha formado «un cuello de botella» en el TOF 5 que plantea una situación de parálisis para estos procesos.
La medida propuesta por Righi apunta a buscar una solución práctica, según lo estipulado en la Ley 26.371, para apaciguar la polémica generada alrededor de la Cámara de Casación en diciembre pasado, a partir de los fallos que ordenaron la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y más de 20 ex militares acusados por delitos de lesa humanidad, por exceso de prisión preventiva sin proceso. Un debate en el que se cruzaron el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia por las demoras en el avance de causas en las que los tiempos cada vez apremian más. En el caso de Jorge «el Tigre» Acosta, el acusado lleva ocho años de prisión preventiva, seis de los cuales están dentro del régimen del 2x1. Es decir que cuentan como 18 años de prisión a la hora de contabilizar la condena. Si el acusado no es juzgado este año (lo que es poco probable, ya que la megacausa ESMA está programada para empezar en agosto-setiembre), podría llegar a pedir su liberación apenas condenado, dado que en el caso de pena perpetua, se puede reclamar la excarcelación a los 20 años de cárcel.
Sumando temperatura a la problemática, la semana pasada se abrió una investigación en el Consejo de la Magistratura, a raíz de una denuncia del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, contra los jueces Guillermo Yacobucci, Luis García, Guillermo Tragant, Eduardo Riggi y Angela Ledesma por una presunta intencionalidad en la demora de estas causas. La pesquisa (muy discutida dentro de la Comisión de Disciplina y Acusación por consejeros que se mostraron en clara disidencia) también alcanzará a los integrantes del TOF 5, Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado.
En la nota remitida a Catucci, el procurador señala que «la situación a la que se ha llegado en las causas elevadas a juicio en la Capital Federal -que responde más a razones de orden administrativo-judicial que de naturaleza jurídica- no reviste menor gravedad dado que la sobrecarga de trabajo que se produce sobre un mismo tribunal tiene como consecuencia una virtual suspensión de los juicios».