Jueces, a falta de ley, fijan en $ 3,044 el valor del voto

Alberto Dalla Vía, Alejandro Tullio

La Justicia autorizó hasta duplicar el límite de los gastos de campaña y de los aportes privados a los partidos políticos en comparación con los que regían en los comicios presidenciales de 2007. La Cámara Nacional Electoral resolvió ayer, a través de una acordada, elevar de $ 1,5 a $ 3,044 la base de cálculo por elector de los fondos destinados al financiamiento proselitista.

El tribunal debió intervenir en la fijación de los nuevos valores de referencia ante la falta de una ley de Presupuesto 2011, que el Gobierno no logró acordar con los partidos de la oposición en el Congreso.

Para establecer el nuevo monto, la Cámara apeló a la Resolución 840/2011, del Ministerio del Interior, que el 5 de julio último dispuso casi duplicar, de $ 34.492.866 a $ 70 millones el monto global del aporte extraordinario para la campaña.

La acordada llevó la firma de los jueces Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, y de los secretarios de Cámara Nicolás Deane y Alejandra Lázaro. Los camaristas reconocieron que el establecimiento de la nueva base de cálculo «es la única forma hallada para dar cumplimiento, in extremis, a los fines buscados por el legislador al imponerle al tribunal la obligación de informar a las agrupaciones políticas dichos montos máximos y proceder a publicar con la anticipación necesaria esa información».

En la resolución, los jueces aclararon que la falta de un presupuesto anual encerraba dos riesgos: privar a los partidos políticos del aporte extraordinario por la falta de una base de cálculo que debía haber surgido del debate parlamentario, o bien eliminar cualquier tope en el monto que las agrupaciones pudieran destinar a financiar sus campañas o recibir de sus aportantes privados.

Con la sanción de la Ley 26.571 de financiamiento, se estableció como tope máximo para los gastos de campaña, y para los aportes privados, un monto multiplicado por la cantidad de electores que debía surgir del Presupuesto general.

Con el nuevo valor, el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio y los apoderados partidarios, definirán contra reloj los fondos asignables a cada agrupación.

El padrón electoral nacional cuenta en la actualidad con 28.685.832 ciudadanos en condiciones de votar. Claro que los cambios introducidos por el Ejecutivo en la resolución del ministro Florencio Randazzo, y utilizados como referencia por la Cámara Electoral, no tuvieron como eje el crecimiento demográfico sino los ajustes por inflación de los últimos años.

Dicho de otra forma, el Gobierno y el tribunal coincidieron en que en los últimos cuatro años los costos para afrontar una campaña electoral se duplicaron. El reconocimiento contrasta con las cifras elaboradas por el INDEC, que en el mismo período (2007-2011) dio a conocer una inflación acumulada inferior al 40%.

Más allá de lamentar la falta de una referencia votada por el Congreso, los camaristas valoraron la sanción de un nuevo sistema de financiamiento partidario. Señalaron que el sistema previo «se caracterizaba -entre otras cosas- por la inexistencia de limitación alguna a las contribuciones privadas o a los costos relacionados con las campañas electorales llevadas a cabo por las agrupaciones políticas en el orden distrital o nacional».