Jueces hacen cola para entrar en el remediosgate

• Secreto de Oyarbide demora causa de lijo por fondos de campaña

Héctor Capaccioli

El juez federal Ariel Lijo parece tener las manos atadas para avanzar sobre la causa que investiga al ex titular de la Superintendencia de Servicios Públicos Héctor Capaccioli, por supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido de la Coalición Cívica, denunciantes del caso, de solicitar al juez Norberto Oyarbide que remita a su juzgado las grabaciones que comprometerían a ex funcionarios del Gobierno con el propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, no podrá ser concedido en lo inmediato debido a que el magistrado que investiga la llamada mafia de los medicamentos ordenó ayer el secreto de sumario sobre el caso.

Hace dos semanas, los diputados de la CC, Fernando Sánchez y Elisa Carca se presentaron ante el juzgado N°4 para solicitar que Lijo requiriera esas grabaciones a Oyarbide, así como para que citara al denunciado Capaccioli. Concretamente, el juez investiga si los aportantes a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y Julio Cobos se habrían visto beneficiados con contrataciones supuestamente irregulares por parte de Estado, luego de la elecciones.

El escándalo generado por la investigación de Oyarbide sobre la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos contra el cáncer y el HIV, que habrían sido suministrados por la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSAB), sacudió no sólo el mundo sindical, sino también los pasillos de Comodoro Py. Todas las causas vinculadas a los aportes de droguerías a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner se reactivaron, sobre todo por las declaraciones de Oyarbide, quien desde un principio sugirió la posibilidad que tanto estos casos como la pesquisas por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina estuviesen vinculados a la mafia de los medicamentos, que él investiga.

Los jueces y fiscales determinaron medidas, los denunciantes presentaron pedidos, los políticos crearon comisiones de investigación y seguimiento. Lijo, en Perú durante todo este tiempo por una convención de jueces, aterrizó en tribunales el lunes pasado y se encontró con este panorama, pero hasta el momento no ha ordenado ninguna medida. En el juzgado señalaron que sólo se envió el expediente al fiscal a cargo, nada menos que Luis Comparatore, quien también lleva el caso de la mafia de los medicamentos, porque éste lo había solicitado.

En cuanto a la presentación de la CC, resaltaron que, por el momento, no se puede pedir ninguna documentación a Oyarbide porque ayer ordenó implantar el secreto de sumaria para el caso de los medicamentos, así como matizaron la importancia de las grabaciones al destacar que Lijo las iba a pedir «en la medida en que sirvan» a la pesquisa.

Lo central del caso, sin embargo, es si el magistrado va a citar a declarar a Capaccioli, lo que por el momento no se tiene en vista. La actividad del ex funcionario albertista habría sido central, en su doble rol como recaudador de la campaña de 2007 y titular de la SSS, desde donde se proveen medicamentos a las obras sociales (en el caso de la cuestionada Administración de Programas Especiales, remedios y tratamientos caros, como los oncológicos) y se controla a quienes los suministran, es decir, las droguerías.

En su momento, Sánchez había asegurado que «Héctor Capaccioli era el encargado de controlar todos los subsidios que se entregaron desde el año 2003 hasta 2008 a obras sociales para la compra de medicamentos contra la hemofilia y el sida, oncológicos y para trasplantes, y es imposible que hoy no esté sentado frente al juzgado federal», así como había apremiado a Lijo a citarlo para «preguntarle por qué los sindicalistas a los que daban los subsidios terminaban malversando esos fondos y adulterando medicamentos, o contratando con empresas» que lo hacían.

Pero en el juzgado explican que la situación es distinta y más compleja, ya que la causa que lleva Lijo no indaga sobre las contrataciones de las obras sociales, sino sobre las del Estado (en este caso serían del Ministerio de Salud) y su relación con los aportantes de campaña. Y de ese cruce, hasta el momento, no habría surgido ningún elemento de peso como para citar al acusado ex superintendente. Sí destacan que la causa ha avanzado mucho y que el juzgado ha recolectado muchísima información sobre los aportantes de la campaña de 2007, las sociedades anónimas a través de las que se donaron los fondos y quiénes son sus responsables.

Las grabaciones a las que hizo referencia Oyarbide, luego de que arrestara a Lorenzo, podrían aportar nuevos datos y pruebas, pero nadie sabe qué dicen exactamente, sólo que son «muy complicadas» para ex funcionarios como Capaccioli y el ex subsecretario de Salud bonaerense, Alberto Costa (cuya salida se generó justamente a partir de estos dichos).

La que reaccionó inmediatamente a estas declaraciones fue la jueza María Servini de Cubría, quien pidió a Oyarbide que le remitiera las grabaciones, entre otras medidas, reactivando así la causa electoral que investiga los fondos de la campaña presidencial, uno de las investigaciones temidas por el kirchnerismo. Lijo, en cambio, estaba de viaje, lo que tampoco cambia demasiado el resultado: ninguno de los jueces recibirá esas pruebas hasta que Oyarbide no levante el secreto de sumario.