"¿Por qué nos tratan de vagos? No somos vagos, laburamos". La pregunta encierra la respuesta que se ha convertido en el clamor que atraviesa por estas horas el ánimo de los jueces, ante las declaraciones del presidente Mauricio Macri que atacó la vigencia de la feria judicial y del acotado horario de atención al público de los juzgados. La queja se enmarca en el plan de reformas anunciados por la Corte Suprema, cuyas conclusiones se esperan con cierto nivel de escepticismo por parte de los propios magistrados. Varios se lamentan de haber enunciado una serie de problemas estructurales, de prácticas y de coordinación en las comisiones convocadas por Ricardo Lorenzetti que podrían generar soluciones visibles ante la sociedad. Sin embargo, los alcances del plan reformista son todavía un interrogante.
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Como adelantó Ámbito Financiero en la previa a la reunión de jueces (con predominancia federales de Comodoro Py), la sensación de que existe un preacuerdo con el Gobierno para que solo se aborden cambios cosméticos sin atender a reclamos que ellos consideran de fondo, se expandió y obligó a respuestas institucionales. La tradicional Asociación de Magistrados y los jueces del interior del país emitieron documentos donde ponen en tela de juicio que la feria y el horario extendido de mesa de entradas redunden en algún cambio positivo. Aducen que no se ha hecho ningún estudio serio que garantice mejoras y que el costo en personal por cubrir mayores horarios sería superior al de la inversión en un cambio tecnológico que va desde mejoras al endeble sistema Lex 100, la provisión de tonners hasta mejoras de mobiliario, logística y necesidades edilicias.
La expectativa está puesta en el denominado "expediente judicial", algo que reemplazaría el papeleo y agilizaría tiempos de notificación entre las partes, además de reducir las visitas de abogados a los juzgados. Una centralización logística de escritos y una concentración de las posibilidades de apelación fueron otros de los reclamos. Pero para eso, denuncian, necesitan servidores informáticos nuevos. Sin alzar la voz, varios jueces que integran las asociaciones han mirado hacia el cuarto piso del Palacio de Tribunales por mejoras que podrían darse por dos vías: o por resoluciones de superintendencia que reorganicen procedimientos desactualizados; o bien con el reclamo encabezado por la Corte para que el Gobierno destine más fondos al Poder Judicial. Este último escenario parece inviable, lo que ha sulfurado a los jueces (y fiscales) por el nivel de crítica al que los somete el Poder Ejecutivo. La mayor parte de los cambios que ven como factibles requerirán partidas presupuestarias extra. La opinión sobre el resultado de los coloquios organizados por la Corte tienen lecturas dispares. Todos coinciden en que ni el Gobierno ni la Corte parecen reconocer la "verdadera realidad" de juzgados atiborrados de papeles, en condiciones de salubridad dudosas y con empeño de los empleados judiciales que sostienen la actividad mucho más allá del horario de atención al público. La percepción social saben que tampoco es buena y ha sido azuzada por el propio Macri como ariete contra los jueces, en un giro que no tenían previsto en la relación que se habían imaginado tener con el gobierno de Cambiemos. Las vacantes de jueces siguen siendo una constante a revertir (un 30% del total, igual a 280 cargos). Los jueces más pesimistas visualizan una estrategia oficial de distracción que, con un eventual intento de reforma que fracase, generará una factura que empeorará en nivel de descrédito que atraviesa al Poder Judicial. Ya nadie oculta que existen disputas de poder que exceden los tópicos puestos sobre la mesa.
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