Jueces se pelean por investigar a Moyano

Norberto Oyarbide, Hugo Moyano y Claudio Bonadío.

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la obra social de Camioneros desató un conflicto entre los jueces federales Claudio Bonadío y Norberto Oyarbide, quienes se disputan una de las causas que más complican a Hugo Moyano.

Luego de que Oyarbide se negara a apartarse de esta pesquisa, Bonadío le pidió a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional que defina quién debe llevar el caso que apunta contra el sindicalista más poderoso de la Argentina. Ambos magistrados indagan sobre las supuestas irregularidades en la tramitación de tratamientos complejos en la Obra Social de choferes de la Capital Federal (Oschoca) y la Obra Social de Conductores Camioneros y Persona del Transporte Automotor de Cargas, financiados por la cuestionada Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que Bonadío se centra sólo en las obras sociales del sindicato de Camioneros, en el caso de Oyarbide estas pesquisas forman parte de la megacausa en la que se investiga el supuesto tráfico de medicamentos adulterados y que tiene como principales imputados al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y al titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo.

El conflicto de competencia reveló las dimensiones políticas de ambas investigaciones y el grado de avance de las pesquisas. En el escrito que Oyarbide firmó la semana pasada, negándose a inhibirse del caso -como había requerido Bonadío-, el juez argumentó esta decisión en el avance del caso sobre la APE y la posible imputación de uno de sus antiguos responsables, Héctor Capaccioli.

El ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de 2007 de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, es el centro de las miradas, ya que podría ser el nexo entre la llamada mafia de los medicamentos y las supuestas irregularidades en el financiamiento de esa campaña, también investigada en la Justicia.

En el fallo que Bonadío remitió a la Cámara para trabar la cuestión de competencia, el tenor de las imputaciones tiene un calibre similar. Uno de los datos centrales es que el juez señala que efectivamente se han detectado presuntas irregularidades en las dos obras sociales investigadas, allanadas varias veces. Éstas consistirían en «el faltante de documentación, como la constancia de la devolución de fondos, el faltante de declaraciones juradas, y en los expedientes de rendición de cuentas en casos de otorgamiento de subsidios, la falta de informes de asistencia brindada en la modalidad que corresponda, medios de pago, la falta de troqueles, etc». Una afirmación que indica el estado avanzado de una pesquisa que se ha desarrollado en forma hermética. Estas indicaciones y el cruce con Oyarbide indican que Bonadío no está dispuesto a dejar ir al sindicalista, que es el principal aliado político del Gobierno.

Hay un segundo punto que refleja la intensidad que tomó la disputa entre ambos jueces en estos meses: Bonadío destaca que dictó la falta de mérito sobre Lorenzo el pasado 10 de junio «ya que aún no existen elementos ni para sobreseer ni para procesar al mismo». En este punto, el magistrado subraya que resulta «sumamente necesario poder contar con la documentación secuestrada» por Oyarbide, quien allanó varias veces la droguería y el domicilio de Lorenzo y sus colaboradores, y cuyas pruebas se negó a remitir a su colega.

Bonadío argumentó que, no sólo su pesquisa era más acotada que la de la mafia de los medicamentos, sino también que era anterior a la de Oyarbide, por lo menos en lo que respecta a la investigación de la APE. El tribunal de alzada deberá resolver el conflicto sobre uno de los casos más explosivos que tramitan en Comodoro Py.