“Jueces suplentes son los vulnerables a las presiones”

Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, apuntó a los jueces subrogantes, más vulnerables a las presiones del poder.

 Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, es uno de los representantes del Poder Judicial más urticantes para el Gobierno. Sus permanentes denuncias de presiones a los jueces del oficialismo y su férrea defensa de la independencia de la Justicia han logrado convertirlo en persona non grata entre las huestes kirchneristas. Se mantuvo en silencio durante el conflicto entre la Justicia y el Gobierno, que se desató hace dos semanas a partir de un fuerte cruce entre Carmen Argibay y Cristina de Kirchner por las demoras en el Poder Judicial. No quería sumar más tensión. Ahora, vuelve a la carga y apunta contra los subrogantes, la problemática solución que encontró el Gobierno para la falta de jueces. Según el camarista en lo civil y comercial, el remedio sólo ha generado magistrados más vulnerables a las presiones del poder. Esto dijo en reportaje con este diario:
Periodista: Hace dos semanas la ministra de la Corte, Carmen Argibay, protagonizó un fuerte cruce con Cristina de Kirchner por la falta de recursos en el Poder Judicial. ¿Cree que ese es el problema más grave que tiene la Justicia?
Ricardo Recondo: La situación del Poder Judicial viene desde hace tiempo, y ningún gobierno ha logrado que funcione bien. En los últimos 30 años la litigiosidad ha aumentado un 300% y la capacidad del Poder Judicial un 10%; donde tiene que haber 100 juzgados hay 10. Por más que haya más empleados, siempre va a haber un cuello de botella porque el que tiene que firmar y decidir es el juez. La falta de jueces y lo extenso de los concursos para proveer dos cargos generan otro problema muy complicado y sin una solución ideal, que es el del juez subrogante. No es casual que el juez esté rodeado de garantías para liberarlo de las presiones de los poderes políticos y económicos. Pero los subrogantes no son jueces, no las tienen, por lo tanto son más vulnerables a influencias e intimaciones.
P.: ¿Por qué dice eso, que parece una descalificación?
R.R.: Sí. En la Asociación hemos presentado proyectos de ley (que habrán ido a parar al cajón de algún legislador), donde queríamos darle todas las garantías para los jueces subrogantes. El tema se solucionaría en parte si los secretarios de los juzgados pudieran subrogar; es lo más lógico porque son los que están ahí, los que conocen el juzgado y las causas. Pero, no sé por qué no quieren sacar una ley en ese sentido. Además habría listas previas con candidatos que ya tienen el trámite constitucional iniciado. Hace cinco años que estamos con este problema y el Poder Ejecutivo no lo resuelve o no lo quiere resolver. Ya cuando se tarda tanto, uno empieza a pensar que, en realidad, no lo quiere solucionar.
P.: El problema de las demoras en la Justicia se concentró en los últimos meses en los procesos por crímenes de lesa humanidad y fuertes críticas a los jueces. ¿Cuál es su posición frente a estos ataques?
R.R.: Hay gente que se queja de esto por ignorancia y hay gente que lo hace por mala fe. En primer lugar, la Justicia es lenta, es una característica de todas las justicias en el mundo. En algún punto, debe ser así, porque un juez es el que debe evitar los linchamientos, el que tiene que garantizar que un inocente no cumpla una condena. Por otro lado, todos los juicios tienen que terminarse, no sólo los de lesa humanidad; la Justicia tiene que funcionar bien en todos los fueros. Por supuesto, estas causas que son políticamente sensibles. Pero, por ejemplo, el juicio a la junta se pudo hacer en un año porque se usó el código de procedimiento militar, que es sumarísimo. No es un tema de los jueces, es un tema de las leyes. Estos son problemas de política legislativa: si no quieren que se produzcan estas excarcelaciones, se modifica la ley y listo.
P.: ¿Por qué no se modifican las leyes?
R.R.: Lo que ocultan de mala fe es que la ley no se puede modificar, como quisiera la opinión pública, porque los legisladores y los políticos han incorporado a la Constitución, a partir de la Reforma de 1994, todos los pactos internacionales. Por lo tanto, si un juez no respeta la Constitución, ahí sí se podría echarlo. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, dice que nadie puede estar procesado con prisión preventiva más de dos años. Los jueces están aplicando la ley y esto es lo que nadie dice.
P.: El fallo que determinó la excarcelación de Alfredo Astiz y Jorge Acosta en diciembre pasado, justamente incluye dos de las cuestiones que usted señalaba: Guillermo Yacobucci y Luis García son jueces subrogantes, que se basaron en este criterio para ordenar la medida.
R.R.: En estos casos que han causado tanta indignación, yo entiendo la reacción política que se ha generado, pero también entiendo a los jueces: hacía ocho años que estaban presos y sin condena. ¿Cuánto tiempo más un juez puede evitar ese dictamen? Si en vez de haber sido esta gente, que obviamente han cometido delitos deleznables, hubiese sido un «Juan Pérez» ocho años preso sin condena, les hubieran iniciado juicio político por no liberarlo. Todo es opinable, pero lo que si es claro es que un juez debe obedecer la ley. Si no quieren que ocurra esto, lo que tiene que cambiar es la ley.
P.: ¿Rechaza entonces cualquier crítica que se señalan sobre las demoras en el Poder Judicial?
R.R.: Comprendo que la gente en este momento se sienta mal, como sucede en el caso de la AMIA o en Cromañón. La gente que ha sufrido un daño muy grande, quiere que se haga justicia. Pero a veces se confunde la justicia con la venganza. La función de un juez, justamente, es impartir justicia, porque ya superamos hace siglos la ley del Talión.
Entrevista de María Vicens