Juez allanó a la Policía

Jorge Palacios, Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer el allanamiento del Departamento de Robos y Hurtos de la Policía Federal, en el marco de la causa en la que se investigan las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

Durante el operativo se secuestraron todos los casetes del caso que indagaba sobre el robo de un banco y dentro del que fue pinchado por primera vez el celular de Ávila, entre agosto y setiembre de 2007, por orden del Juzgado de Instrucción N° 15 de Capital Federal. Puntualmente, la grabación que le interesaba al magistrado era el registro de un llamado realizado desde un teléfono público a otro intervenido y vinculado a la pesquisa por un prófugo.

Pista falsa

En el llamado, una persona que dice ser amiga del prófugo deja un teléfono para contactarse con él. Ése era el celular de Ávila. La grabación secuestrada demostraría que se dio una pista falsa al juzgado de Capital Federal y al Departamento de Robos y Hurtos. Ahí ya trabajaba el ex policía Ciro Gerardo James, procesado el lunes pasado por los presuntos delitos de falsedad ideológica reiterada y de violación de secretos y usurpación de títulos. En el juzgado de Oyarbide evaluaban ayer ordenar una prueba de voz para ver si la voz del imputado coincide con la del anónimo.

Según declararon los policías de Misiones que trabajaban con él (también procesados, pero sin prisión preventiva), el supuesto espía habría sido quien aportara los datos de los teléfonos de Burstein y Ávila como personas supuestamente vinculadas a un caso de asesinato que ellos investigaban. James fue también quien retiró de la SIDE todas las escuchas ordenadas por los juzgados de instrucción N° 1 y N° 2 de Misiones (Ávila fue intervenido sistemáticamente por orden de éstos desde octubre de 2007). Las únicas escuchas que no retiró fueron las ordenadas por el juzgado de Capital Federal.

Por otro lado, Oyarbide pidió ayer al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal una lista de los oficiales de inteligencia que trabajaban para esa fuerza y pidieron la baja para ingresar en la Policía Metropolitana. Según la información que manejan en el juzgado, habría unos 30 policías federales del área de inteligencia que habrían decidido cambiarse a la fuerza porteña.

La solicitud apunta a indagar sobre la denuncia de varios legisladores de la oposición que acusaron al Gobierno porteño de armar una presunta estructura de inteligencia propia. En el juzgado también buscan descartar la hipótesis sobre la supuesta «infiltración» de James en el Gobierno de la Ciudad, como parte de un presunto boicot para obstruir el avance de la fuerza porteña, según denunció el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro.

El informe de Asuntos Internos probaría que el supuesto espía y otros agentes de inteligencia no habrían sido «infiltrados», sino que ellos mismos habrían pedido su baja para pasar a la Policía Metropolitana.

Denuncia

La pesquisa de Oyarbide se inició a partir de una denuncia presentada por la hija de Burstein, por un llamado anónimo en el que se le advirtió al dirigente judío que Jorge Palacios los estaría espiando. Poco después de esa presentación, el ex jefe de la Policía porteña fue procesado en la causa por presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA.

En este sentido, la investigación del magistrado siempre apuntó a precisar el grado de conexión entre Palacios y James. El hallazgo de los contratos que el supuesto espía tenía con el Ministerio de Educación porteño como asesor «informal», las respuestas confusas de los funcionarios porteños y las más de 290 llamadas identificadas por la SIDE entre el imputado y oficiales superiores de la fuerza porteña hicieron estallar el escándalo, en el que se evidenció la puja interna entre la Policía Federal y la Metropolitana.

Mientras Montenegro acusó a la Federal de espiar a sus agentes y sumariar a todo policía que se pasara a la fuerza porteña, del otro lado informaron que se investigaba sólo a los oficiales que habrían reclutado agentes de la Federal para la Metropolitana. Los cruces entre ambas fuerzas fueron creciendo, al punto que ayer se conoció que uno de los oficiales mayores de la fuerza porteña, Alberto Ontivero, ex jefe de Inteligencia del Departamento de Drogas de la Policía Federal y ex jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal de la Triple Frontera, no habría pedido su baja en la Federal estaría en disponibilidad. Es decir, podría ser llamado a ocupar un cargo en cualquier momento, lo que no está permitido.