Juez avanza en relación de espía con macristas

Guillermo Montenegro

En el interior del Gobierno de Mauricio Macri y en los tribunales de Comodoro Py comenzará hoy a profundizarse la investigación por el espía detenido en el marco de la causa de escuchas ilegales contra el dirigente de la AMIA Sergio Burstein, entre otras personas. Por un lado, la Justicia tomará declaración a una funcionaria de la Ciudad, mientras habrá más citaciones. Por otro, el jefe de Gobierno requerirá a dos de sus ministros más explicaciones de las que hasta ahora ha escuchado.

Macri retomará hoy la actividad con una reunión de gabinete por la mañana (ver nota aparte), primera oportunidad en la que podrá ver a todo su plantel junto, tras una gira por Estados Unidos, que lo retuvo más de seis días, y el alejamiento de la Ciudad, también durante el fin de semana largo.

El jefe de Gobierno quiere saber quién es responsable de haber contratado en el Ministerio de Educación que conduce Mariano Narodowski al detenido Ciro James, imputado por el juez Norberto Oyarbide por su presunta responsabilidad en la intervención de los teléfonos y la grabación de las conversaciones. A eso el macrismo suma una dura interna de acusaciones mutuas, donde algunos funcionarios aducen padecer una suerte de campaña en su contra por parte de otros PRO.

Macri también buscará entender por qué el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, no advirtió que James estaba preseleccionado para ingresar a la Policía Metropolitana, ya que el argumento de que era uno más entre 1.800 aspirantes comienza a tambalear. Al menos, por lo que se comenta en los pasillos de varias dependencias del Gobierno, James renunció a su cargo de auditor para ingresar a la fuerza de seguridad, es decir, tendría de alguna manera la confirmación sobre su ingreso y así lo declaró ante el juez.

El detenido le dijo a Oyarbide que su labor en el Gobierno porteño, donde integraba la auditoría interna de Educación que conduce Roberto Ayub, era asesor de la jefa de Gabinete del ministro, Rosana Barroso, quien está citada para declarar hoy ante el magistrado. En la cartera educativa aseguran que James era «asesor externo», pero que habría firmado algunas resoluciones que hoy estarán en boca de los sindicatos de maestros que prometen una protesta en ese sentido, liderados por dirigentes del kirchnerismo.

Narodowski asegura haberse enterado el jueves pasado de la relación laboral del espía con su área, mientras la Justicia sigue buscando explicaciones de su contratación. Si bien las advertencias que recibió Burstein en forma anónima aludían a que el ex jefe de la Policía de Macri, Jorge «Fino» Palacios, le estaría pinchando los teléfonos, aún en el expediente no se suman pruebas para citarlo. James y Palacios trabajaron juntos en la Federal.

El detenido habría ingresado en el Gobierno porteño con una recomendación de la Universidad de La Matanza, donde Ayub figura como secretario de Extensión Universitaria. Ese funcionario sería citado a declarar esta semana y podría ser desplazado de su cargo en las próximas horas, una vez que el juez escuche las explicaciones de la jefa de Gabinete de Narodowski, quien aseguraría que el sospechoso no la asesoraba. Aparentemente, Ayub no se habría comunicado por varios días con el ministro Narodowski por estar fuera de funciones, abocado a un delicado inconveniente familiar. Ésa sería la primera excusa ante la consulta de por qué no advirtió el mismo 5 de octubre pasado, cuando se ordenó la detención de James, que el espía estaba bajo su órbita laboral. Ese supuesto desconocimiento por parte del resto de los funcionarios, incluidos Montenegro y Narodowski, provocó que el Gobierno macrista saliera a decir durante cuatro días seguidos que el supuesto espía no reportaba en la administración porteña, como luego se comprobó, al secuestrar, en un allanamiento en su domicilio, los contratos que mantenía con la Ciudad desde 2007. La renuncia se le había aceptado el mismo día en que fue preso. El nombramiento y la renuncia tampoco figuran -al menos de forma evidente- en el Boletín Oficial de la Ciudad (sólo se exhibe digitalizado), aunque una ley obliga a publicar la nómina de todos los agentes contratados.

Según se conoció, en el área de personal del Ministerio de Educación (su jefe ya declaró ante Oyarbide) se habría detectado una incompatibilidad para el desempeño del cargo, en relación a la carga horaria, pero el ex agente de la Federal no declaró que se desempeñaba como policía.

El Gobierno porteño tiene previsto asegurar que desconocía «las actividades privadas» de James, a quien se lo acusa de supuestamente participar en la petición a un juzgado de Misiones de intervenir teléfonos (también se secuestraron aparatos para esa actividad). Una vez que Oyarbide logre encontrarse con las cintas grabadas, que James habría retirado de SIDE con la orden judicial cuando ya estaba fuera de la Policía, determinará si había más personas escuchadas.